Será presentada en la próxima legislatura del congreso proyecto para evitar que presidente cambie competencias judiciales
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El representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, Hernán Cadavid, informó a la ciudadanía que el próximo 20 de julio de 2025, cuando comience un nuevo periodo legislativo, radicará un proyecto de ley orientado a reorganizar las competencias en el reparto de las acciones de tutela a nivel nacional, con el propósito de garantizar la seguridad jurídica, la independencia judicial y el respeto por el orden constitucional establecido en la Carta Política de 1991.
Primero: “conforme al artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República, como órgano representativo del poder legislativo, expedir las leyes que regulan la administración de justicia, incluyendo las relativas al reparto de las acciones de tutela”.
Segundo: “de acuerdo con el principio del Estado Social de Derecho, todos los jueces de la República, sin excepción, son jueces constitucionales y, por ende, están habilitados para conocer y decidir acciones de tutela, incluyendo el Consejo de Estado, como máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa. No puede el Gobierno Nacional, por vía administrativa o por razones coyunturales, restringir o anular las competencias jurisdiccionales de las Altas Cortes, particularmente del Consejo de Estado, solo porque los fallos no se ajustan a sus intereses políticos o gubernamentales”.
Tercero: “las Altas Cortes —la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional— son, en conjunto, las principales garantes del orden constitucional, encargadas de preservar el equilibrio institucional y la independencia de poderes. Es a través del ejercicio autónomo de la jurisdicción constitucional como se protege de forma efectiva el derecho fundamental al acceso a la justicia y se evita la concentración arbitraria de competencias.
“Este proyecto de ley parte de una premisa esencial: el respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial, como valores esenciales del Estado de Derecho”, culmina el congresista.
Esta medida como consecuencia del decreto que firmó el presidente Petro, con el cual se modifica la regla de reparto de tutelas en Colombia, y con el cual las acciones constitucionales que se presenten en contra del Presidente de la República podrán ser conocidas por cualquier juez competente del país, y no exclusivamente por el Consejo de Estado, como estaba previsto anteriormente.
De acuerdo con el mandatario, con esta medida, el Gobierno busca reforzar el principio de desconcentración funcional del sistema judicial y evitar la concentración de poder en una sola corporación.
