Otra medida de aseguramiento a exfuncionario del gobierno del cambio por el caso de UNGRD
El entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres se sigue cerrando poco a poco, y con ello quedan en la mira importantes figuras que hicieron parte del alto Gobierno durante la Administración Petro. En esta oportunidad, fue César Manrique España, a quien se le dictó medida de aseguramiento por su presunta implicación en medio de este entramado que sigue su curso.
Con esta determinación de la juez 66 penal de control de garantías de Bogotá, Manrique España se suma al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia Carlos Ramón González; los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco; y a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, quienes se encuentran investigados por la presunta desviación de dineros de la Ungrd para favorecer algunas reformas del Gobierno en el Congreso.
“Es necesaria, adecuada, proporcional y razonable la privación de la libertad para proteger a la sociedad de estos delitos a ellos imputados y realmente no se cuenta con medios probatorios que permitan realizar un pronóstico favorable para los coasociados sobre la abstención de la actividad delictiva por parte de los imputados”, señaló la togada durante la audiencia en la que pidió la privación de libertad del exfuncionario.
De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, Manrique facilitó y gestionó la entrega de “100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó la entrega a personas específicas de los contratos que surgieran de estos recursos”.
Este anuncio contra el exdirector de Función Pública solo es el segundo paso sobre las investigaciones que marchan sobre antiguos miembros del Gabinete Presidencial. Los siguientes, de acuerdo con el cronograma que han seguido desde la Fiscalía, sería justamente para los exministros Bonilla, de Hacienda, y Velasco, quien ejerció como jefe de la cartera del Interior, y quien varios testigos claves en el entramado han señalado de dar las órdenes para desviación de recursos y contratos para favorecer a congresistas, especialmente de las Comisiones Económicas del Congreso.
En el primero de los casos, Bonilla, su exasesora María Alejandra Benavides, logró un principio de oportunidad con la Fiscalía, mismo que fue avalado por una juez de Bogotá el pasado lunes y con el que la testigo recibirá inmunidad total por un año, con posibilidad prorrogarlo por uno más, de acuerdo con la colaboración que otorgue.
En relación con lo estipulado en este beneficio, Benavides testificará contra 39 personas involucradas tanto en el entramado de la Ungrd como en el caso Invías, en el que también se estarían direccionando contratos para el favorecimiento de congresistas en varias regiones del país.
