Se van tres Ministros por derrota política en Corte Constitucional en el Senado luego de elección de Carlos Camargo
Una nueva crisis ministerial golpea al gobierno del presidente Gustavo Petro, desencadenada por una contundente derrota política en el Senado de la República que deja al petrismo en una posición de vulnerabilidad legislativa. En un movimiento estratégico, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, solicitó la renuncia protocolaria a tres figuras del gabinete, por orden directa del mandatario.
Las carteras de Trabajo, Comercio y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son las afectadas en este remezón, que busca reconfigurar el equipo de gobierno ante los recientes reveses.
Fuentes cercanas a la Casa de Nariño confirmaron que los ministros que deberán dejar sus cargos son Antonio Sanguino, de la cartera de Trabajo; Diana Morales, de Comercio; y Julián Molina, de las TIC. La instrucción s que el ministro delegatario, Armando Benedetti, aceptaría las renuncias hoy mismo, oficializando una salida que se venía gestando tras la creciente tensión en el Congreso.
Angie Rodríguez, quien asumió la dirección del DAPRE en febrero de 2025 y es considerada una de las personas más cercanas al presidente Petro, fue sido la encargada de comunicar la decisión presidencial. Por su parte, Armando Benedetti asume funciones de ministro delegatario en ausencia del presidente Petro por un reciente viaje a Japón.
El interés del presidente Gustavo Petro en la elección de María Patricia Balanta como magistrada de la Corte Constitucional se fundamentó en una doble estrategia política: por un lado, buscaba activamente bloquear la llegada de Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, a quien la oposición respaldaba como un contrapeso al gobierno.
La presión del ejecutivo no fue bien recibida por algunos sectores políticos y terminó restándole apoyos a la candidata en lugar de sumarlos. Mientras tanto, la campaña de Camargo y sus aliados en la oposición promovieron la narrativa de que Balanta era la candidata “petrista”, a pesar de que ella misma lo negó afirmando no tener acuerdos con ningún partido. La estrategia del gobierno no se limitó a la persuasión; la defensora Marín criticó abiertamente los conflictos de interés de Camargo, aunque sin mencionarlo directamente, en un intento por debilitar su candidatura.
Este resultado evidencia las limitaciones del poder del ejecutivo para alinear a su coalición en el Congreso, incluso bajo la amenaza de retirar el apoyo burocrático,
