La posibilidad de que Washington pueda aplicar otro tipo de sanciones al Gobierno colombiano sigue latente
Tras las polémicas afirmaciones del presidente Petro el viernes pasado en Nueva York, en donde incluso llegó al extremo de pedirle a los militares norteamericanos que no le hicieran caso al titular de la Casa Blanca, Donald Trump, la posibilidad de que Washington pueda aplicar otro tipo de sanciones al Gobierno colombiano sigue latente.
Durante el fin de semana algunos analistas, tanto en Estados Unidos como en Colombia, advirtieron que el Gobierno Trump estaría analizando otra serie de medidas más allá del anuncio, el propio viernes en la tarde, de la cancelación de la visa al presidente Petro.
De hecho, algunos dirigentes económicos alertaron sobre el riesgo de que la administración Trump pueda tomar algún tipo de represalia en el campo del comercio, especialmente en lo que tiene que ver con asuntos arancelarios.
Por otro lado, expertos no descartan que, en el marco de la aprobación del presupuesto para la vigencia fiscal del próximo año, los senadores y representantes del Partido Republicano planteen la posibilidad de disminuir aún más los aportes de la administración Trump para la lucha antidroga en Colombia y otros programas de corte social y de apoyo a la justicia.
De hecho, esa reducción ya era un riesgo cantado a partir de la decisión hace dos semanas de la Casa Blanca de descertificar la lucha antidroga del Gobierno Petro, advirtiendo que, si bien es cierto que ha aumentado el decomiso de cocaína, la extensión de narcocultivos se disparó de manera alarmante debido a la decisión del ejecutivo colombiano de disminuir al mínimo los operativos de erradicación forzada de sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola.
La posibilidad de que se apliquen sanciones más fuertes contra el Gobierno Petro fue incluso ambientada por varios senadores y representantes republicanos que, durante el fin de semana, siguieron condenando las palabras de Petro, pero advirtiendo que debía diferenciarse entre el presidente izquierdista de Colombia y el resto del país, que siempre ha sido un aliado de Estados Unidos en la región. Por otra parte, no se descarta que en esta misma semana el Departamento de Estado también anuncie la cancelación de la visa a varios ministros y altos funcionarios del Gobierno Petro, sobre todo aquellos que durante el fin de semana, al solidarizarse con el titular de la Casa de Nariño, hicieron graves acusaciones contra el Gobierno de Estados Unidos y el propio presidente Trump.
Durante el fin de semana también se especuló en algunos círculos políticos colombianos que el presidente Petro podría estar convocando al embajador de Estados Unidos en Colombia para expresarle una protesta formal por la decisión de Washington de retirarle el visado.
En tanto, algunos medios norteamericanos también señalaron que no se descarta que el Departamento de Estado hiciera lo propio con el embajador colombiano en Washington, Daniel García Peña, quien podría ser convocado para que el Gobierno estadounidense expresara de manera formal su protesta por las controvertidas palabras del presidente colombiano.
De otro lado, según se conoció, parlamentarios de partidos independientes y de oposición estaban analizando el fin de semana la posibilidad de proyectar en la Cámara un debate de moción de censura contra la canciller Rosalba Villavicencio, que no solo terminó respaldando las polémicas declaraciones del presidente Petro, sino que además habría propuesto que se cambie la sede de Naciones Unidas para otro país.
La polémica por las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Nueva York sumó una nueva andanada de críticas. A la carta firmada por más de 500 líderes gremiales, empresarios y representantes de organizaciones civiles, se agregó un duro pronunciamiento de precandidatos presidenciales y dirigentes políticos de distintos sectores, que cuestionaron lo que calificaron como una “conducta irresponsable” del jefe de Estado.
En la misiva del empresariado, con firmas de peso como Bruce Mac Master (Andi), Jaime Alberto Cabal (Fenalco), Germán Bahamón (Federación de Cafeteros), Juan Martín Caicedo (Cámara Colombiana de Infraestructura) y María Claudia Lacouture (AmCham), se tildó de “inaceptables” las palabras de Petro, a quien describen como un “agresivo activista” por instar a militares estadounidenses a desobedecer a su Gobierno. A juicio de los firmantes, ese llamado representa una “actitud irrespetuosa hacia una nación aliada” y contraviene principios básicos de la diplomacia internacional.
Por su parte, en un comunicado fechado el 27 de septiembre, precandidatos y líderes políticos —entre ellos Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, Juan Manuel Galán, Mauricio Gómez Amín, David Luna, Enrique Peñalosa y Martha Lucía Ramírez— advirtieron que Petro “vulneró de manera directa el principio de no intervención en los asuntos internos de Estados Unidos” y se alejó del respeto consagrado en la Carta de la ONU y la OEA. “Sus palabras no representan a Colombia ni a la mayoría de sus ciudadanos”, recalcaron.
Tanto empresarios como dirigentes políticos coinciden en que el mandatario colombiano desvió la atención de los problemas de violencia e inseguridad en el país para buscar protagonismo internacional. Además, lo exhortan a actuar con mayor responsabilidad en el manejo de las relaciones exteriores, recordándole que sus declaraciones tienen consecuencias directas para la nación y sus ciudadanos.
Los firmantes de ambos pronunciamientos subrayan que, aunque Colombia tiene derecho a denunciar injusticias globales, ningún jefe de Estado puede instar a la insubordinación de las fuerzas militares de otro país sin poner en riesgo el principio de respeto mutuo entre naciones. Según advierten, un lenguaje de ese calibre podría escalar tensiones diplomáticas y entorpecer la cooperación bilateral en áreas clave como comercio, seguridad y lucha contra el narcotráfico.
En sus apartes más severos, el comunicado de los precandidatos sostiene que Petro se enfocó en un “espectáculo bochornoso” que solo obedeció “a su vanidad”, mientras en Colombia se incrementan los homicidios y las acciones de grupos armados. “Su prioridad debería ser restablecer el orden público y la seguridad”, enfatizan, en referencia a los indicadores de violencia que han encendido alertas en varias regiones.
