La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento a exfuncionarios y contratistas vinculados a la administración de Daniel Quintero en Medellín
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La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento intramural para tres exfuncionarios y contratistas vinculados a la administración de Daniel Quintero en Medellín, acusados de desviar más de $17.000 millones de pesos destinados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La investigación revela un complejo entramado de corrupción que incluyó la manipulación de contratos, sobrecostos y la presentación de facturas falsas.
Los implicados en esta grave acusación son Misael Cadavid, María Janeth Rúa García, y Elkin de Jesús González Correa. Según el ente acusador, los tres habrían instrumentalizado la figura del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí para ejecutar seis contratos entre 2020 y 2021.
Durante una audiencia virtual, el fiscal del caso explicó que el monto total de los contratos superó los $17.000 millones de pesos, detectándose en su ejecución sobrecostos y facturas fraudulentas. Las pruebas recabadas en allanamientos, que incluyen discos duros incautados e inspecciones judiciales, sugieren que la conducta fue “dolosa y reiterada”, con pleno conocimiento de cómo manipular los procesos para evadir controles.
El caso de María Janeth Rúa García, quien aún es funcionaria en el área metropolitana de Medellín, reviste especial preocupación, pues la Fiscalía determinó que continuaba realizando gestiones contractuales similares a las investigadas, lo que representa un claro riesgo de obstrucción a la justicia.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía también incluyen grabaciones telefónicas que demuestran intentos de manipular testigos y ocultar evidencia. En interceptaciones claves, Misael Cadavid habría ofrecido dinero y beneficios laborales a empleados para que alteraran sus declaraciones o destruyeran documentos.
Un audio revelado muestra al funcionario prometiendo una suma considerable a una trabajadora para la compra de una vivienda, condicionándola a su posterior despido e indemnización, lo que para el fiscal es prueba del “uso indebido de recursos institucionales y manipulación laboral”.
Además, la evidencia material es contundente en demostrar los sobrecostos. Un testigo, por ejemplo, relató que, mientras él reportaba servicios por $27 millones de pesos, las facturas oficiales registraban pagos por $120 millones, lo que representa sobrecostos de más de $90 millones.
La Fiscalía también advirtió que en los allanamientos se encontraron nuevas facturas falsas por $200 millones, que presuntamente se usaron para dar una apariencia de legalidad a las operaciones ilícitas, confirmando una clara maniobra de ocultamiento probatorio.
La Fiscalía argumentó que la gravedad de las conductas, la posible interferencia en el proceso y el profundo impacto social justifican la medida de prisión preventiva, pues el dinero desviado, destinado a la atención de emergencias, “afecta directamente a los ciudadanos que confiaron en la labor del cuerpo de bomberos”.
Este escándalo se suma a una serie de cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.
