En Colombia menos del 20% de los hogares ubicados en resguardos indígenas cuentan con servicio de acueducto
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Un estudio sectorial realizado por la Contraloría Delegada para Población Focalizada advirtió sobre debilidades estructurales en la planificación y ejecución de proyectos relacionados con Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB) dirigidos a comunidades étnicas. El ente de control documentó que menos del 20% de los hogares ubicados en resguardos indígenas cuentan con servicio de acueducto. El informe también determinó que el acceso a alcantarillado para esta población es prácticamente nulo.
El estudio de la Contraloría analizó 50 proyectos de APSB, cuyo valor total asciende a $326.353 millones. El seguimiento a programas, realizado entre 2018 y el 30 de junio de 2025, indicó que existen proyectos suspendidos por un monto de $62.350 millones, lo que representa el 19% del total analizado. Esta situación genera riesgos de sobrecostos, pérdida de oportunidad y la posibilidad de que los programas se conviertan en obras inconclusas.
En la gestión contractual, la Contraloría evidenció limitaciones en la planificación, la gestión administrativa y la medición de resultados. Solo el 52% de los proyectos de APSB cumplen con los tiempos contractuales establecidos. Además, un 14% de los proyectos analizados se encuentran fuera de plazo, y el 34% restante aparece con ciclo cerrado, sin claridad sobre el cumplimiento de sus objetivos.
Se identificó que la principal fuente de financiación para 32 de los 50 proyectos analizados es el Presupuesto General de la Nación. La Contraloría señaló la necesidad de contar con inversiones que promuevan esquemas de cofinanciación progresiva, integrando fuentes nacionales, territoriales y alternativas como regalías o fondos especiales para población étnica, con el fin de diversificar el riesgo financiero.
A pesar de que la distribución de recursos se concentra en 13 de los departamentos con mayor presencia indígena, persisten desequilibrios en la cobertura territorial y en la eficiencia del gasto. Departamentos con población indígena significativa sobre el total nacional, como Córdoba (10,6 %), Cesar (2,7 %), Vichada (3,5 %), Atlántico (2 %) y Antioquia (1,6 %), no han sido beneficiados con estas inversiones.
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Respecto al seguimiento a las políticas nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022 reportó un cumplimiento formal del 100% de los compromisos, pero no estableció indicadores de impacto que permitan verificar si las acciones cerraron brechas en el acceso a agua y saneamiento.
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 presenta avances insuficientes. El programa de APSB para pueblos indígenas registra un avance del 7% frente al 50% esperado, y el piloto de hábitat integral en la Amazonía registra un 5%.
