Tribunal de Cundinamarca admite demanda para frenar posesión en Cali de Abelardo de la Espriella
A pocas horas de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevista para este viernes 7 de agosto en Cali, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda que cuestiona el traslado de la sede del Congreso a la capital del Valle del Cauca.
La demanda fue presentada por el ciudadano David Fernando Cano, quien sostiene que la decisión podría afectar derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la transparencia, la legalidad del gasto y la seguridad pública.
De acuerdo con el accionante, las autoridades involucradas estarían adelantando el traslado de la sede del Congreso sin que exista información pública, completa, verificable y certificada sobre aspectos como el acuerdo formal entre las cámaras legislativas, los costos del evento, el esquema de seguridad, la logística, la gestión del riesgo y el respaldo presupuestal.
Aunque el Tribunal no decretó por ahora la suspensión del acto, sí ordenó al Congreso y a las demás entidades vinculadas remitir, con carácter urgente, la documentación y las explicaciones requeridas antes de decidir si procede una medida cautelar.
Entre las solicitudes formuladas en la demanda se encuentra la publicación de los acuerdos mediante los cuales se autorizó el traslado de la sede del Congreso, la certificación de los costos de la ceremonia y la suspensión de la ejecución de recursos públicos adicionales mientras no se demuestre la necesidad, proporcionalidad y legalidad de esos gastos.
Frente a la organización de la posesión presidencial, Abelardo de la Espriella defendió la realización de la ceremonia en Cali y aseguró que será una investidura austera.
El presidente electo afirmó que el costo del evento será “inferior a la mitad” del registrado en la posesión presidencial de hace cuatro años. No obstante, la información disponible en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) indica que el Gobierno saliente dejó adjudicados el pasado 25 de julio los contratos para la organización y transmisión del acto, cuyo valor conjunto asciende aproximadamente a 5.950 millones de pesos.
Según esa información, el monto supera en cerca de 950 millones de pesos el costo de la posesión presidencial de Gustavo Petro en 2022. Sin embargo, al realizar el ajuste por inflación, el valor representaría una reducción cercana al 12 %.
Sobre este punto, De la Espriella señaló que dichos contratos fueron estructurados por la administración saliente, debido a que aún no ha asumido funciones como presidente de la República. Además, aseguró que impartió instrucciones al secretario general de la Presidencia para procurar el mayor ahorro posible y evitar la ejecución de la totalidad del presupuesto destinado al evento.
