El CTI ejecutó una diligencia de allanamiento y registro en la sede principal de la sociedad Activos por Colombia en Barranquilla
En el marco de las estrategias para blindar el patrimonio público, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Atlántico y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ejecutó una diligencia de allanamiento y registro en la sede principal de la sociedad Activos por Colombia, ubicada en la ciudad de Barranquilla. El operativo responde de manera directa a la denuncia interpuesta por la Presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
De acuerdo con el expediente judicial, la alta dirección de la SAE alertó a los organismos de control sobre presuntas maniobras irregulares, actos de corrupción y manipulación no autorizada de las plataformas informáticas. El propósito de dichas acciones habría sido alterar, borrar u ocultar expedientes e información institucional estratégica a las nuevas directivas del Gobierno Nacional.
El procedimiento operativo fue liderado por la Fiscalía 9.ª Especializada de la Estructura de Apoyo, con la participación activa de unidades especializadas en la persecución de delitos contra la administración pública y delitos cibernéticos. La diligencia contó con el acompañamiento preventivo del Ministerio Público a través de la Procuraduría General de la Nación.
Durante la inspección judicial a las instalaciones, las comisiones de investigadores procedieron con la incautación de discos duros, servidores y equipos de cómputo, los cuales quedaron bajo custodia oficial de la cadena de custodia.
Un Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías evaluó los elementos presentados por el ente acusador y declaró la legalidad formal y sustancial del procedimiento de registro, asegurando la validez de la prueba recabada.
Los dispositivos tecnológicos recolectados serán sometidos a exámenes forenses digitales por parte de peritos del CTI para extraer la traza de las operaciones del sistema, identificar el rastro de la información borrada y determinar las responsabilidades penales e individuales de los funcionarios o particulares involucrados. Desde la institucionalidad se ratificó la consigna de colaborar de forma irrestricta con la administración de justicia para proteger los activos bajo administración estatal.
