Se presentará un proyecto de acto legislativo que busca la eliminación de las contralorías territoriales
Desde la bancada del Centro Democrático, el senador Hernán Cadavid alista un proyecto de acto legislativo que busca la eliminación de las contralorías territoriales en todo el territorio nacional. La iniciativa parlamentaria tiene como propósito migrar hacia un modelo de fiscalización pública caracterizado por unificar criterios técnicos y reducir de forma considerable los costos operativos del Estado.
La propuesta legislativa reabre la discusión institucional sobre el valor presupuestal destinado al sostenimiento de 67 organismos de control territorial (distribuidos en 32 contralorías departamentales, 30 municipales y 4 distritales), frente al volumen real de recursos recuperados e indemnizados al erario.
El proyecto contempla una fase de transición máxima de dos años para traspasar de forma ordenada las competencias de estos entes locales a la Contraloría General de la República. Con esta centralización se busca optimizar la asignación presupuestal, prevenir duplicidades administrativas y blindar las auditorías frente a eventuales presiones e interferencias de la política regional.
Sustentando la iniciativa, la bancada del Centro Democrático evalúa los reportes históricos presentados por la Auditoría General de la República respecto a los índices de recuperación efectiva de dinero por responsabilidad fiscal y las alertas de riesgo en gobernaciones y entes de control.
Los informes institucionales del periodo 2015-2016 reflejan que ninguna de las 64 entidades auditadas logró posicionarse en el nivel de riesgo bajo. De igual forma, la mitad de las contralorías departamentales (16 de las 32 evaluadas) quedaron ubicadas en los rangos de riesgo alto o muy alto.
La radiografía técnica evidencia además que organismos de fiscalización en departamentos como Amazonas, Guainía y Vichada sostuvieron calificaciones de riesgo muy alto durante dos ciclos consecutivos. Frente a estos antecedentes de gestión, la propuesta parlamentaria busca reorganizar la estructura institucional para garantizar que la fiscalización de los fondos públicos se ejecute con mayor rigor y menores gastos de funcionamiento.
