Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 7, adscrito a la Vigésima Novena Brigada de la Tercera División, ubicaron y destruyeron de manera controlada . Los artefactos habían sido sembrados clandestinamente dentro de las instalaciones de la escuela rural de la vereda La Palma, situada en el corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío.

La gravedad del hallazgo radica en que el material bélico fue ubicado en áreas de tránsito diario para 25 niños, niñas y adolescentes que asisten regularmente a esta sede educativa. Los menores de edad utilizan de forma permanente estos espacios no solo para sus jornadas académicas, sino también para sus actividades de descanso y recreación. La presencia de estos elementos altamente inestables representaba un peligro directo e inminente contra la vida e integridad de los estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa local.

Tan pronto se obtuvo la información sobre la presencia de los artefactos en el plantel educativo, los uniformados activaron de inmediato los protocolos de seguridad y protección ciudadana. Un equipo especializado en antiexplosivos fue desplegado en el punto para evaluar el terreno y planificar la neutralización sin poner en riesgo las estructuras del colegio ni a los habitantes de los alrededores.

Tras más de tres horas de minucioso trabajo técnico, cumpliendo de manera estricta con los procedimientos estandarizados de la fuerza pública, los especialistas lograron destruir ambos artefactos de forma asistida y controlada. Las investigaciones e información de inteligencia castrense atribuyen la autoría de este cobarde hecho a integrantes de la estructura criminal Jaime Martínez, facción disidente que delinque de forma constante en esta subregión del Cauca.

El Ejército Nacional expresó un rechazo categórico ante la utilización e instalación de materiales explosivos en entornos que gozan de especial protección constitucional e internacional, como lo son las escuelas rurales. La institución castrense enfatizó que estas acciones bélicas representan una flagrante violación a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario (DIH), los cuales prohíben taxativamente la contaminación con explosivos de bienes civiles y la instrumentalización de espacios infantiles en el marco del conflicto.

Imagen suministrada Tercera División Ejército Nacional