El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella denunció este fin de semana que una de las zonas de ubicación temporal (ZUT) que se promovió durante la administración anterior, y que era la única vigente tras el cambio de mandato, se convirtió en un lugar de “fiestas y parrandas” con la posible instrumentalización de menores. La Casa de Nariño advirtió, además, que hay una presunta pérdida de recursos públicos que la Contraloría ya está verificando.

Se trata de la ZUT ubicada en el Valle del Guamuez, en Putumayo, a donde llegaron integrantes de la disidencia de las Farc comandada por alias Walter Mendoza. En ese punto, de acuerdo con información oficial, se esperaban al menos 200 integrantes de ese grupo criminal para hacer tránsito hacia la legalidad, pero solo llegaron 99 y al final se quedaron 50.

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Es en ese contexto que el director del Dapre, Carlos Ríos, advirtió que el propio operador de esa zona reportó el consumo desmedido de licor y el consumo de sustancias alucinógenas. Además, de acuerdo con el funcionario, la presunta mala planeación de ese espacio derivó en gastos de hasta COP 8 millones por persona sin que a la fecha se haya dado el tránsito a la democracia ni exista control sobre el gasto de recursos públicos.

Ríos dijo que el 15 de octubre pasado se registró el reporte. “La noche del 14 de octubre se consumió licor dentro de la ZUT. Así mismo, el informe reitera que este tipo de hechos ocurrieron nuevamente; es decir, esto viene pasando constantemente en la ZUT. En el mismo informe consta que se presentó una riña y el presunto consumo de sustancias dentro de las instalaciones”, precisó quien lidera el Dapre.

También aseguró que el pasado 3 de octubre se socializó con quienes están en esa ZUT que el ingreso de menores de edad está prohibido, pero que el 10 de octubre –siete días después– se registró la llegada de varios.

“Hay niños, niñas y adolescentes que podrían estar siendo instrumentalizados para sostener esa ZUT”, enfatizó Ríos.

El contrato para esta zona se tasó en COP 13.000 millones y, de acuerdo con lo denunciado por el funcionario, el 30 de julio –siete días antes del cambio de administración– se le inyectó una adición de COP 1.127 millones. De todo esto, agregó, no hay justificación legal y por lo mismo se le solicitó a la Contraloría que investigue la presunta pérdida de esos recursos.

“Es un lugar de paso hacia la legalidad, no es una finca de recreo pagada por el Estado”, precisó Carlos Ríos, quien reconoció que hay un fallo de tutela vigente que frenó el cierre de esa ZUT. No obstante, aclaró que esa decisión se impugnó.

Fuente de Información: Grupo de Investigación del ESPECTADOR

Imagen de archivo Red Social X.