No podía quedar por fuera en esta época de pandemia el “vacunagate”

Un expresidente, dos ministras, un centenar de funcionarios públicos, académicos, el nuncio del Vaticano y hasta el dueño de un restaurante chino hacen parte de la lista de 487 personas que se vacunaron por adelantado y en secreto en Perú contra el covid-19 antes del proceso nacional de inmunización que comenzó el 9 de febrero con el personal sanitario.

En el mismo sentido, el ministro de Salud argentino, Ginés González García, tuvo que renunciar a pedido del presidente Alberto Fernández, luego de que se reveló que allegados suyos se habían vacunado en su despacho, sin necesidad de solicitar turno como los demás argentinos. Incluso un periodista, que se lo había pedido, recibió la dosis.

El escándalo por presunta corrupción, denominado ‘vacunagate’, ha causado revuelo en Perú, país que el viernes amplió el estado de emergencia sanitaria hasta el 2 de septiembre debido a los estragos por el avance del coronavirus, cuando Perú acumula más de 44.000 muertes.

Todo se inició cuando se conoció que el expresidente Martín Vizcarra había sido vacunado en octubre del año pasado, tan solo semanas antes de que fuera destituido por el Congreso en un juicio político relámpago.

Si bien Vizcarra se defendió diciendo que fue “voluntario” en el ensayo clínico de la vacuna china de Sinopharm en Perú, antes de que la misma recibiera su aval el 31 de diciembre, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), a cargo del estudio, negó que el mandatario formara oficialmente parte de la prueba.

Hasta donde se conoce, el acuerdo con la farmacéutica Sinopharm incluyó no solo la entrega de un primer lote de un millón de dosis, sino un paquete de vacunas experimentales sobre las que recae el escándalo.

“Este proceso va a generar muchas más dudas respecto a la idoneidad de los acuerdos de vacunación que adquirió Perú y que iniciaron propiamente con Vizcarra en el poder. Hay una sombra de dudas con relación a si Sinopharm fue la mejor opción o estuvo promovida por intereses personales de algunos funcionarios”, le explica a EL TIEMPO Andrés Calderón, académico de la Universidad del Pacífico de Perú.

De igual manera, en conversación con este diario, el analista político José Carlos Requena señaló que es dudoso que “el país adquiriera un contrato tan basto con Sinopharm en la región”.

Y es que lo que en principio parecía una jugadita del expresidente Vizcarra, terminó convirtiéndose en toda una red que se extendió hasta el actual gobierno transitorio de Francisco Sagasti. De los 122 funcionarios públicos que figuran en el listado, 16 de ellos ya fueron separados de sus cargos.

“El capitán es el último que abandona el barco. Esperaré mi turno para ser vacunada”, decía la semana pasada la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien dimitió al revelarse que fue vacunada hace un mes. Como ella, unos 50 funcionarios del Ministerio de Salud renunciaron.

Otros, como la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, justificaron su actuar por intereses de salud. “No podía darme el lujo de caer enferma”, fue la excusa de la ahora excanciller, en cuyo ministerio, encargado de negociar la compra de las vacunas, también fueron vacunados al menos otros cinco funcionarios, algunos en compañía de sus cónyuges.

A estos se suman los encargados del ensayo clínico encabezados por el investigador Germán Málaga, las máximas autoridades de las universidades Mayor de San Marcos y Cayetano Heredia y otros que figuran como “consultores” de las pruebas, como Nicola Girasoli, nuncio apostólico, y el dueño del restaurante de comida china Royal, César Loo.

Málaga dijo que Loo vendía comida china a la delegación enviada por Pekín a Lima a negociar la venta de las vacunas. “Esas personas (…) se cansan del Burger King. Cómo no lo vamos a poner (a Loo) en la vacunación”, expresó. Loo replicó diciendo que no conocía a Málaga y que no fue inmunizado a cambio de comida, aunque no ha explicado su acceso a la vacuna.

Lo preocupante es que los números siguen siendo irregulares. Según la UPCH, a Perú arribaron 2.000 vacunas para la etapa experimental, a las que se sumaron otras 1.200 que solicitó directamente la embajada de China en Lima y con las que se inocularon diplomáticos y empresarios chinos.

No obstante, la lista oficial de 487 vacunados antes de tiempo implicaría el uso de 974 vacunas, pues cada paciente recibe dos dosis. De esta manera, faltaría saber qué pasó con las 1.026 vacunas que involucrarían a otros 513 vacunados.

Según información de los entes de control, algunos implicados en la negociación recibieron hasta tres dosis, cuando se supone que basta con dos para lograr la inmunidad frente al covid-19.

“El principal problema que nos deja el ‘vacunagate’ es la desconfianza en la clase política, que ya de por sí estaba demasiado deteriorada en Perú”, afirma Calderón, al considerar que este escándalo “seguramente va a provocar una mayor suspicacia en la población en relación con los funcionarios públicos”.

“Se nos olvidó que ellos también se mueven por intereses particulares y que pueden ser humanos, como el de protegerse frente al virus, pero que cuando lo haces valiéndote de tu función pública genera graves problemas”.

Los 487 vacunados están en el ojo del huracán, pues la Fiscalía, el Congreso y el Gobierno abrieron investigaciones. El contralor general, Nelson Shack, dijo que “todos deberían tener responsabilidad presunta a nivel administrativo, pero hay otros, un subgrupo, que tienen además otros tipos de responsabilidades, porque han hecho un aprovechamiento indebido de su cargo para poder beneficiar a sus propios familiares con esta vacunación”.

El escándalo estalló a poco menos de dos meses de los comicios generales del 11 de abril, lo que complica el empeño de Vizcarra de ganar un escaño en el Congreso, pero también al partido Morado, del presidente Sagasti, quien no busca la reelección pero sí subir a su candidato Julio Guzmán.

“Esto toca las fibras más sensibles del electorado y lo que trae es un desconcierto enorme y una ira que puede verse reflejada en la intención de voto”, le dice a EL TIEMPO el analista político Fernando Tuesta.

“Hemos pasado en los últimos años una serie de crisis políticas tan intensas que nos hemos acostumbrado a los escándalos extremos, por lo que ahora, lo que parece un antes y un después terminará siendo historia”, considera Tuesta.

Luego del escándalo del ‘vacunagate’, solo el 18 por ciento de los peruanos asegura que ya decidió su voto. De acuerdo con el último sondeo de la empresa privada Datum, el 46 por ciento de los peruanos están indecisos y el otro 34 por ciento “no ha pensado nada” sobre los comicios generales.

A esto se suma que ningún candidato supera el 12 por ciento de intención de voto. El exfutbolista del equipo Alianza Lima George Forsyth encabeza la lista con apenas el 11 por ciento de apoyo, seguido por el centro derechista Yohny Lescano (9 por ciento) y la candidata Keiko Fujimori (8 por ciento).

“Perú estaba cerrando un ciclo que se inició con la huida de (Alberto) Fujimori en el 2000. El ‘vacunagate’ seguramente va a hacer que el nuevo ciclo se inicie con una sensibilidad que puede dar espacio a la ira o a la búsqueda de alguien más sosegado”, sentencia Requena de cara a una de las elecciones más atípicas en la historia de un país al que, parece, se le volvió costumbre vivir en crisis.

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