Enfrentamiento entre procuradora Cabello y presidente Petro por cuenta de suspensión del alcalde de Riohacha
Un nuevo choque entre la Procuraduría y el Gobierno nacional por cuenta de la suspensión provisional de tres meses al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad.
A través de una carta de cuatro páginas, el presidente Gustavo Petro señala que “observa con preocupación que la medida cautelar de la suspensión provisional de un funcionario electo popularmente autorizada en la ley colombiana y ordenada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción”.
Por su parte, la procuradora Margarita Cabello se pronunció con respecto a la decisión del Jefe de Estado, asegurando que “la Corte Constitucional avala a la Asamblea Nacional Constituyente, cuando determinó que la investigación y el juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, incluidos los de elección , la debe realizar la Procuraduría General de la nación con la ratificación propia del Consejo Estado”.
La jefe del Ministerio Público sostuvo que en Colombia “todas las autoridades, incluyendo el presidente, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina, la legalidad del Estado de derecho de nuestro país como es la Corte Constitucional”.
Asimismo, Cabello agregó que “no es posible que en momentos electorales de nuestro país se genere un caos institucional y se les entregue a todos estos sancionados la posibilidad de inscribirse y ser candidatos”.
Carta de Petro
En la carta, el presidente señala medida”no es una de aquellas medidas restrictivas de los derechos políticos autorizadas en el Artículo 23 N.2 de la Convención ADH, ni reúne las exigencias mínimas de los estándares convencionales fijados por la Corte IDH en sus precedentes, lo que hace imposible que se proceda a expedir el acto de ejecución o cumplimiento solicitado por la autoridad administrativa, en cuanto se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente (…) implicando un serio riesgo de la responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que, en el futuro, le sería reclamado a la República de Colombia”.
Ante esta situación, el Jefe de Estado devolvió el requerimiento en el que se pide suspender al alcalde Riohacha “para que adopte los correctivos convencionales que correspondan en el ámbito de sus competencias”.
Finalmente, Petro solicitó enviar la mencionada carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para que obre como documento de cumplimiento de lo ordenado al Estado dentro del caso Petro para Colombia; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”
