Corte abrió indagación contra Iván Cepeda por financiación de consulta del Pacto Histórico
La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda para establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico, realizada en octubre de 2025, en la que el congresista se impuso como candidato de la coalición oficialista para las elecciones presidenciales.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Instrucción, que, bajo la dirección del magistrado Francisco Farfán, ordenó la práctica de diferentes pruebas y declaraciones con el propósito de determinar si las situaciones denunciadas ocurrieron y si eventualmente constituyeron infracciones al régimen de financiación electoral.
La actuación judicial se origina en cuestionamientos relacionados con el registro de algunos recursos recibidos durante la campaña de Cepeda para la consulta. Entre los señalados aparecen Javier Antonio Pérez Páez y la empresa Samat Publicidad S.A.S., con sede en Barranquilla.
De acuerdo con la información conocida sobre el caso, uno de los reportes corresponde a un supuesto aporte de $116 millones realizado por Pérez Páez, monto que habría superado el límite permitido para las contribuciones de una persona natural. El segundo caso está relacionado con Samat Publicidad, que habría figurado como aportante por $609,3 millones, pese a que las empresas no pueden realizar donaciones a campañas presidenciales.
Sin embargo, estos hechos ya habían sido examinados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que en enero pasado decidió archivar la actuación administrativa contra Cepeda al concluir que los valores cuestionados no correspondían a donaciones.
Según la decisión del organismo electoral, las inconsistencias se habrían producido en la manera en que fueron registrados los ingresos y gastos parciales de la campaña para la consulta del Pacto Histórico.
En particular, el CNE estableció que la relación con Samat Publicidad S.A.S. correspondía a un crédito derivado de la prestación de servicios relacionados con propaganda electoral e impresión de periódicos, y no a una transferencia gratuita de recursos.
En el caso de los $609.399.000 asociados a la empresa barranquillera, el organismo electoral sostuvo que no encontró evidencia de que hubiera existido una donación y señaló que el dinero correspondía a una obligación pendiente por servicios prestados al candidato.
Con base en ese análisis, el CNE determinó que no había elementos suficientes para iniciar una investigación administrativa por violación de las normas de financiación electoral.
Pese a ese antecedente administrativo, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema decidió abrir una etapa preliminar para verificar las denuncias y establecer si existen elementos que permitan avanzar en una eventual investigación.
La Corte precisó que la apertura de la indagación no implica que se haya establecido responsabilidad contra el senador. En esta fase, el despacho judicial busca precisamente recaudar elementos de juicio para determinar qué ocurrió con los recursos cuestionados y cuál fue su naturaleza.
Los hechos investigados se remontan a la consulta interna del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025, en la que Cepeda obtuvo cerca del 65 % de los votos y superó a Carolina Corcho y Daniel Quintero.
Con ese resultado, el senador se consolidó como el candidato del oficialismo para la carrera presidencial de 2026.
Ahora, la Corte deberá establecer si los recursos reportados en aquella campaña correspondieron efectivamente a créditos y pagos por servicios, como concluyó el CNE, o si existieron aportes que pudieran haber desconocido las reglas electorales.
El despacho de Farfán continuará con la práctica de las pruebas ordenadas antes de determinar si existen méritos para avanzar hacia una investigación formal.
