Agencia Nacional de Tierras entrega título colectivo de 1.481 hectáreas a comunidades étnicas en Buenaventura
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) llegó a Buenaventura para avanzar en el cumplimiento de una deuda histórica con las comunidades negras e indígenas del Pacífico colombiano mediante acciones concretas de reconocimiento territorial y fortalecimiento para la permanencia digna en sus territorios. Después de casi tres décadas de espera, el Estado colombiano reconoció lo que la Comunidad Negra de Ladrilleros siempre supo: que ese territorio les pertenece por historia, memoria y resistencia.
El director de la ANT, Felipe Harman, entregó el titulo colectivo de 1.481 hectáreas a esta comunidad ubicada en el corregimiento de Bocas del San Juan, Distrito de Buenaventura.
“Acabamos de titular al Consejo Comunitario de Ladrilleros, precisamente al inicio de la Semana de la Afrocolombianidad. Después de 28 años de espera, esta comunidad podrá por fin contar con seguridad jurídica sobre su territorio y avanzar en la protección de sus derechos colectivos”, afirmó Harman.
La comunidad está conformada por 328 personas agrupadas en 167 familias. Su vida cotidiana gira alrededor del mar, la selva y los ríos. Sus actividades económicas se basan en la pesca, la agricultura de pancoger, la recolección, la cría de animales, la elaboración de artesanías y el uso de plantas medicinales. Las mujeres desempeñan un papel central en el sostenimiento del tejido social, productivo y comunitario.
El territorio adjudicado comprende los globos Bongo 1 y Bongo 2 y conserva un enorme valor ambiental: el 99,62% corresponde a bosque natural de conservación ubicado en ecosistemas estratégicos del Pacífico colombiano, dentro del Halobioma del Pacífico y el Zonobioma Húmedo Tropical.
Las tierras adquieren el carácter de propiedad colectiva, inalienable, imprescriptible e inembargable. Ningún particular podrá reclamarlas, venderlas o embargarlas, mientras que el Consejo Comunitario asumirá plenamente su administración y gobierno conforme a sus usos, costumbres y reglamentos propios.
La lucha por Ladrilleros
La decisión pone fin a un proceso iniciado legalmente en 2002, cuando el representante legal del Consejo Comunitario presentó la primera solicitud ante el desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora). Sin embargo, la lucha por la defensa del territorio viene de mucho antes.
Desde los años 50, las tierras de Ladrilleros despertaron el interés de sectores empresariales que impulsaron proyectos turísticos sobre territorios habitados históricamente por la comunidad. En 1974, incluso llegaron a ponerse en venta 33 hectáreas de la zona, situación que provocó un enfrentamiento entre inversionistas y habitantes, quienes resistieron y frenaron el avance de esos proyectos.
La presión territorial no terminó allí. Durante el proceso de titulación colectiva se presentaron 114 oposiciones de terceros con intereses sobre estos predios. Todas fueron resueltas favorablemente para la comunidad.
“Después de 28 años de espera, el Estado colombiano salda una deuda histórica con la Comunidad Negra de Ladrilleros al reconocer jurídicamente un territorio que han protegido y habitado por generaciones. Hoy entregamos el título colectivo de 1.481 hectáreas en el litoral de Buenaventura, garantizando la protección de selvas, manglares, ríos y mar como patrimonio colectivo, inembargable e inalienable de quienes han resistido y defendido este territorio a lo largo de su historia”, agregó Harman.
$1.300 millones para seguridad alimentaria
En su segundo día de agenda en Buenaventura, Harman y su equipo de profesionales de la ANT avanzaron en acciones orientadas al fortalecimiento productivo y la seguridad alimentaria de comunidades negras e indígenas del Pacífico colombiano.
Con una inversión superior a los 1.300 millones de pesos, la ANT impulsa iniciativas que benefician a 146 familias y 422 personas pertenecientes al Resguardo Indígena Eperara Siapidara del Río Naya y al Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del Río Anchicayá.
“Hoy me siento muy contenta. Si no hay campo, no hay ciudad. Le agradezco al presidente Petro porque ha sido un gobierno que se ha acordado del campesinado y esperamos seguir avanzando por ese camino para continuar produciendo cultivos como borojó, ñame, yuca, banano, zapote, caimito y limón. Aquí se cultiva de todo, porque nuestras tierras son muy fértiles”, expresó Raquel Cuero Gamboa, integrante de la comunidad de Río Anchicayá.
Como parte de este proceso, la entidad entregó insumos agrícolas, semillas de pancoger, herramientas agropecuarias y equipos destinados a fortalecer la pesca artesanal, contribuyendo a la seguridad alimentaria y al fortalecimiento de prácticas productivas tradicionales.
En el Resguardo Indígena Eperara Siapidara del Río Naya, mediante una inversión cercana a los 600 millones de pesos, 133 personas reciben apoyo para la implementación de sistemas agroproductivos enfocados en cultivos de plátano hartón y banano, una apuesta que contribuye a la recuperación de saberes ancestrales y al fortalecimiento de su autonomía territorial.
Por su parte, el Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del Río Anchicayá cuenta con una inversión superior a los 700 millones de pesos, beneficiando a 289 personas a través del fortalecimiento de actividades agrícolas y de pesca artesanal, pilares fundamentales de su economía, cultura y formas de vida.
Estas iniciativas incorporan enfoques diferenciales étnicos y de género con el propósito de promover el desarrollo sostenible, fortalecer la autonomía de los pueblos y respetar sus formas propias de organización.
Con información de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
