Así sería el nuevo servicio militar obligatorio
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Se crean incentivos académicos y educativos para quienes se enlisten en las Fuerzas Armadas. En un plazo no mayor a 10 años dejaría de ser obligatorio y existiría la opción de prestar un servicio ambiental, cultural, educativo o deportivo.
El presidente Juan Manuel Santos prometió abolir el servicio militar obligatorio si se lograba acabar con el conflicto armado en Colombia. “Si logramos la paz, inmediatamente voy a eliminar el servicio militar obligatorio (…) hoy lo que hacen es redadas para llenar los cupos. Esto tiene un factor de injusticia: que sólo lo presten los más pobres. Eso no es justo y yo quiero un país más justo. O todos en la cama o todos en el suelo. Por eso es mejor un servicio social en las zonas deprimidas del país”, fue lo que dijo en junio de 2014, en plena campaña de la segunda vuelta de las elecciones y después de haber perdido la primera, el entonces presidente candidato Juan Manuel Santos, hablando de la necesidad de consolidar un escenario de posconflicto.
Promesas de campaña, hay que decirlo. Porque en noviembre de 2015, mucho antes de que se firmara el Acuerdo de Paz con las Farc, el Ministerio de Defensa radicó en el Congreso un proyecto de ley que apuntaba a reformar —no eliminar— el servicio militar obligatorio, el cual, incluso, planteaba unificar en 18 meses el tiempo de prestación, para soldados bachilleres y para regulares y campesinos. La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Representantes y esta semana pasó, con algunas modificaciones, en la Comisión Segunda del Senado. Es decir, sólo le falta el último debate en la plenaria de esta corporación para hacerse realidad.
“El espíritu del proyecto es tratar de convertir el servicio militar obligatorio en algo más voluntario, o sea, que la persona quiera llegar y no se sienta obligada. ¿Cómo logramos eso? Con incentivos, especialmente académicos. El muchacho que preste el servicio militar y no haya terminado su bachillerato se va a hacer un convenio con el Ministerio de Educación para ayudarle a terminarlo. Y los que ya lo hayan terminado, encauzándose en la prestación del servicio, van a poder hacer carreras técnicas o tecnológicas con el Sena”, explicó el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, ponente de la iniciativa.
Otro elemento tiene que ver con el mejoramiento del ingreso que reciben los muchachos durante su estadía en la Fuerza Pública. “Hoy se está pagando una bonificación que no llega a los $80.000 mensuales, y si se aprueba el proyecto, mínimo recibirían $300.000. Estamos en un debate con el Ministerio de Hacienda para subir esa bonificación y acercarnos a los $400.000”, agregó Velasco. Asimismo se plantea una gran amnistía para las personas que están en condición de remisos, facilitándoles presentarse ante un distrito militar para arreglar su situación con un pago relativamente económico, que no superará los $120.000, el 15 % de un salario mínimo mensual vigente.
Un punto clave del proyecto es la modificación de la fórmula para calcular el precio de las libretas militares, con el fin de reducir sustancialmente el costo para las personas de menos recursos. Se busca aplicar una nueva fórmula que redistribuye de manera más equitativa los costos, de acuerdo al nivel socioeconómico de la población. “Con la fórmula aprobada en la Cámara, la libreta más barata es de alrededor de $283.000. Con la fórmula que proponemos es más baja y sería de alrededor de $78.000. La idea es que pagan más los que más tienen”, aclaró Velasco.
¿Y qué pasó con la promesa del presidente Santos? Según el senador liberal, la idea es comenzar a recorrer el camino para que, en un plazo máximo de 10 años, el servicio militar no sea obligatorio. “Hacia allá queremos llegar y, de hecho, el artículo 64 apunta hacia un servicio militar con una visión diferente a la de las armas, o sea, que la gente pueda prestar ese servicio, por ejemplo, en tareas ambientales, o culturales, o educativas, o deportivas. De alguna manera, todos tenemos una responsabilidad con el país. Ahora, habrá gente que querrá seguir el camino de las armas. El Gobierno queda facultado para reglamentar ese servicio militar con una visión más social, incluyendo la posibilidad de abrir el servicio a las mujeres”, enfatizó.
Por cierto, se establece una duración única de 18 meses para la prestación del servicio militar obligatorio, pero para los soldados bachilleres se mantiene un tiempo de 12 meses. La Organización de Reclutamiento será la encargada de inscribir a los colombianos llamados a definir su situación militar, con información suministrada por la Registraduría. Actualmente, dicha inscripción es responsabilidad de cada ciudadano, lo que genera sanciones si no lo hacen. Se actualizan las causales de exoneración del servicio, entre las cuales se incluye la objeción de conciencia. Y la certificación de la definición de la situación militar como reservista de segunda clase se expedirá a través del portal web dispuesto para tal fin y de manera gratuita.
Por otra parte, las víctimas del conflicto armado que se encuentren inscritas en el Registro Único de Víctimas, los ciudadanos incluidos en el programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía y los desmovilizados, previa acreditación de la Agencia Colombiana para la Reintegración, estarán exentos de prestar el servicio. Y se prohíben las llamadas redadas para aprehender a los colombianos que no hayan definido su situación. Aunque por ahora hay buen ambiente para la iniciativa, frente al debate definitivo en la plenaria del Senado, hay quienes ven como obstáculos la difícil situación fiscal del Gobierno. Otros, de todas maneras, ven una promesa incumplida de Santos y creen que lo mejor es profesionalizar de una vez por todas a las Fuerzas Armadas, para que se dediquen a la protección de la soberanía y al trabajo social y ambiental.
