Con el argumento, “los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos”, le fue revocada a Euclides Torres y a la senadora Martha Peralta La Visa Americana
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció ayer lunes 28 de septiembre que revocó la visa a ciudadanos de varios países. Entre los afectados por la medida están el empresario colombiano Euclides Torres y la senadora Martha Peralta.
“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos. Hoy, el Departamento de Estado está tomando medidas para cumplir con los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio contra la corrupción y el narcotráfico, compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de los líderes de la iniciativa Escudo de las Américas del 22 de septiembre”, se lee en el comunicado del Departamento de Estado.
En el mismo escrito se establece que la medida restringe las visas para ciudadanos extranjeros y sus familiares directos “que atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”.
En el caso de Colombia, se menciona: “Bajo esta política, la Administración Trump tomó medidas para imponer restricciones de visa a dos ciudadanos colombianos y sus familias.
Seguidamente, se hace mención a Euclides Antonio Torres Romero, descrito por el gobierno estadounidense como un “empresario privado propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública”.
¿Quién es Euclides Torres?
Euclides Torres es un empresario de Puerto Colombia que se le conoce como el líder o cabeza de la familia Torres, que se ha convertido, además, en una casa política de gran influencia en el departamento del Atlántico.
Torres ha construido buena parte de su actividad empresarial alrededor de contratos y concesiones de alumbrado público y negocios relacionados con tránsito y tecnología.
En su momento, cuando se realizaron las audiencias contra Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro, en el proceso que se le sigue por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la Fiscalía mencionó en repetidas ocasiones a la familia Torres y su vínculo con la financiación de la campaña de Petro Presidente.
El fiscal de ese momento, Mario Burgos, señaló que, de acuerdo con Day Vásquez, los Torres fueron los principales financiadores del proyecto del actual jefe de Estado en la Costa.
Antes también habían sido nombrados como principales financiadores de la campaña en los audios que se filtraron en su momento del ex ministro Armando Bendetti y de la ex embajadora Laura Sarabia Torres.
Precisamente en junio de este año, Euclides Torres rindió declaración ante la Comisión de Acusación de la Cámara.
Torres fue enfático en desmentir rumores sobre su supuesta participación en un “Clan Torres”.
“De manera absolutamente falsa se ha dicho que pertenezco a un clan político que se habría lucrado con contrataciones irregulares. No hago parte de ningún clan político y mucho menos dirijo el supuesto Clan Torres”, aseguró.
El contratista agregó que sus actividades empresariales han estado separadas de la política y que contribuye a la democracia únicamente con su voto y su participación como ciudadano.
Sobre su vínculo con Petro, Torres explicó que apoyó logísticamente algunos eventos antes de que iniciara oficialmente la campaña presidencial.
“Decidí colaborar, sin interés alguno, en aspectos generales de logística: nunca entregué dinero a Petro, ni a su hijo Nicolás, ni a ningún miembro de su familia”, afirmó.
Peralta y su vínculo con el escándalo de la UNGRD
Sobre Peralta, se lee: “Senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS)”.
Hay que recordar que Peralta está vinculada al caso de corrupción de la UNGRD. De acuerdo con la investigación, Peralta es señalada por presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, en medio de señalamientos sobre un supuesto direccionamiento de contratos en La Guajira.
Entre las pruebas analizadas por las autoridades aparecen declaraciones del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y del exsubdirector Sneyder Pinilla.
Según el expediente, Peralta habría intervenido para favorecer contratos relacionados con maquinaria amarilla y obras de recuperación en Riohacha. La Fiscalía también señaló que uno de los contratos investigados superaría los 2.100 millones de pesos y habría servido para fortalecer apoyos políticos a iniciativas del Gobierno en el Congreso, entre ellas la reforma pensional.
