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Congresista del Pacto Histórico que falsificó certificados académicos tendría implicaciones penales y administrativas de alto impacto

La controversia por los certificados académicos de la representante a la Cámara por Antioquia, Verónica Estrada, tendría implicaciones penales y administrativas de alto impacto. Así lo advirtió el abogado litigante, especialista en derecho penal y socio director de la firma MUVA Legal, José Luis Moreno, al analizar los alcances jurídicos del caso.

Según el jurista, si las autoridades logran demostrar que los diplomas presentados por la congresista son apócrifos, esta habría incurrido en los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, conductas que en el Código Penal colombiano acarrean penas de entre cinco y doce años de cárcel.

Moreno calificó el episodio como un hecho de extrema gravedad, luego de que la universidad involucrada negara de forma categórica cualquier vínculo académico con Estrada. En su pronunciamiento, el claustro certificó que la hoy parlamentaria nunca integró la institución, no asistió a clases y carece de registro de calificaciones o títulos expedidos a su nombre.

Por el fuero constitucional que cobija a los miembros del Congreso, la Corte Suprema de Justicia es la instancia encargada de asumir la indagación y determinar si existió adulteración documental. Al respecto, el abogado recordó que durante toda la actuación prevalecen la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.

El trámite judicial tomaría otro rumbo si la representante opta por renunciar a su escaño. Moreno explicó que, al perder la investidura parlamentaria, la Corte Suprema dejaría de ser competente y el expediente pasaría a la Fiscalía General de la Nación, debido a que los hechos cuestionados ocurrieron antes de que Estrada llegara al Legislativo y no guardan relación con sus funciones como congresista.

Bajo la órbita de la Fiscalía se aplicaría la Ley 906, correspondiente al sistema penal acusatorio, régimen procesal que contempla figuras distintas a las del alto tribunal, como la posibilidad de suscribir preacuerdos o acceder a principios de oportunidad.

Al margen de la responsabilidad penal, la situación de la representante antioqueña también abre la puerta a una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. De acuerdo con el penalista, este trámite en la jurisdicción contencioso-administrativa suele tardar entre seis meses y un año en resolverse y podría dejarla sin curul.

Imagen tomada de Red Social Instagram

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