Contraloría General de la República anunció que realizará el seguimiento a la contratación pública y al gasto estatal durante el periodo electoral
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En el marco de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la Contraloría General de la República anunció que realizará el seguimiento a la contratación pública y al gasto estatal durante el periodo electoral, en el marco de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales), a través de la implementación del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, en virtud del control fiscal concomitante y preventivo.
El Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo implementado por la Contraloría a través de la DIARI, permite monitorear la contratación pública, la nómina estatal, la ejecución presupuestal, los subsidios y beneficios sociales en todo el país de manera técnica, continua y sistemática.
Su objetivo es prevenir el uso indebido de recursos públicos con fines electorales y consolidar la confianza ciudadana en las instituciones estatales. Para ello, integra bases de datos como SECOP I y II, el Registro Único de Aportantes (RUA) y los sistemas presupuestales del DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, facilitando la detección de patrones de riesgo e irregularidades que puedan afectar la transparencia y la equidad electoral.
A partir del 8 de noviembre de 2025, en el marco del control fiscal concomitante y preventivo, la entidad empezó a monitorear que no se utilice la contratación a través de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos durante el periodo de restricciones electorales, alertando de manera temprana ante cualquier intento de realizar este tipo de acuerdos.
Asimismo, se hará seguimiento a los incrementos inusuales en contratos de servicios y a las transferencias excepcionales de recursos públicos a entidades locales, así como a la detección de contratistas inhabilitados por exceder los límites legales de financiación política. A partir del 31 de enero de 2026 iniciará el control sobre la contratación directa.
Desde septiembre de este año, la Contraloría General de la República ha venido aplicando el modelo analítico de seguimiento preventivo, lo que ha permitido caracterizar detalladamente la dinámica de la contratación pública y sus tendencias. Este monitoreo ha identificado picos significativos en la modalidad de contratos y convenios interadministrativos durante los meses de septiembre y octubre, lo que evidencia la importancia de la vigilancia continua en este periodo previo a las restricciones electorales.
De acuerdo con el seguimiento mensual realizado sobre convenios y contratos interadministrativos a nivel territorial y nacional para el presente año 2025, se observa un incremento significativo en el valor de la contratación registrada en SECOP durante los dos meses previos a la fecha de prohibición para la celebración de este tipo de contratos por motivo de la época electoral. Esta tendencia muestra que septiembre y octubre registran los montos más altos del periodo analizado, con valores que alcanzan los $4,0 billones y $3,5 billones, respectivamente.
Por otra parte, según el seguimiento mensual realizado a la contratación directa a nivel territorial y nacional durante el presente año, con base en la información registrada en SECOP, no se evidencian variaciones que llamen la atención y permitan encender una alarma por los valores más altos para esta modalidad de contratación que se registran en los meses de enero y febrero, alcanzando montos de $12,5 billones y $15,2 billones, respectivamente.
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado a dar riguroso cumplimiento a las restricciones contempladas en la Ley de Garantías de cara a los procesos electorales de Congreso, presidente y vicepresidente de la República, para el periodo constitucional 2026 – 2030.
El jefe del Ministerio Público insistió en la necesidad de respetar la normatividad, que deberá ser tenida en cuenta a partir del ocho de noviembre de 2025 específicamente en lo relacionado con las Administraciones Departamentales y Municipales, ya que les está prohibido modificar las plantas de personal del respectivo ente territorial y celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos del Estado.
En el mismo sentido, Eljach Pacheco exhortó a la Rama Ejecutiva suspender cualquier tipo de vinculación estatal, y a los entes del Estado abstenerse de hacer contrataciones directas, en ambos casos entre el 31 de enero y el 31 de mayo de 2026 y, en caso de presentarse segunda vuelta, hasta el 21 de junio de 2026, salvo en los casos estrictamente exceptuados en la ley.
El Procurador pidió a los servidores públicos en todo el territorio nacional recordar la prohibición de acosar o presionar a subordinados para que respalden campañas políticas, difundir propaganda electoral en medios oficiales, favorecer a quienes apoyan su campaña con ascensos u otros beneficios indebidos, ofrecer beneficios directos a ciudadanos con el fin de influir en el voto, y despedir a funcionarios de carrera por razones de índole electoral.
