Corte Suprema de Justicia en el proceso judicial contra los exministros de Hacienda e Interior reconoció como presuntas víctimas a la Ungrd y a Invías
La Corte Suprema de Justicia avanzó en el proceso judicial contra los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, al reconocer como presuntas víctimas a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Contraloría General de la República. La decisión se produjo en el marco de la diligencia adelantada ante la Sala Especial de Primera Instancia.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación presentó la acusación formal contra los exfuncionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quienes deberán enfrentar un juicio por su presunta participación en el caso de corrupción relacionado con la Ungrd. Según el ente acusador, ambos habrían integrado una “organización delincuencial” orientada a influir en decisiones del Congreso mediante el uso indebido de recursos públicos.
De acuerdo con la investigación, el supuesto objetivo de estas actuaciones habría sido destrabar proyectos clave del Ejecutivo. En ese contexto, se habrían comprometido aproximadamente $612.000 millones del erario.
Tras un receso cercano a cinco horas, la Sala Especial de Primera Instancia analizó la solicitud de acreditación presentada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto Nacional de Vías y la Contraloría General de la República. Finalmente, determinó que las tres entidades cumplen con los criterios para ser reconocidas como presuntas víctimas dentro del proceso.
Según lo expuesto por la Sala, la acusación señala que los exministros habrían convertido a la Ungrd “en una herramienta para comprar congresistas”, lo que implicaría una utilización indebida de la entidad con fines políticos. En ese sentido, se indicó que la institución habría sido “instrumentalizada” para lograr favores o fines políticos, situación que, de acuerdo con el análisis judicial, pudo ocasionar perjuicios a la entidad.
En relación con el Invías, la Sala detalló que el presunto direccionamiento de contratos hacia congresistas no obedeció a criterios técnicos. En cambio, se habría tratado de un intercambio irregular de beneficios. “No respondió a una planificación técnica (…) sino a un intercambio ilícito de beneficios”, señaló la corporación al justificar su decisión de incluir a esa entidad como presunta víctima.
Asimismo, la Sala consideró que existen fundamentos suficientes para reconocer a la Contraloría en esta misma condición, en atención a los posibles impactos sobre los recursos públicos y la función de control fiscal. “Son claros los motivos de legitimidad que le asisten a las entidades públicas aquí representadas para querer intervenir en este juicio”, indicó la Sala, al referirse a los riesgos derivados del presunto compromiso irregular de recursos y al impacto institucional generado por el caso.
Información e imagen con ayuda de la AI
