Decreto de la Salud presentado por el gobierno, podría tener un fallo negativo ante demanda que se presentará por inconstitucional
Después de la derrota de la bancada oficialista en la Comisión Séptima del Senado luego de la elección del senador Miguel Ángel Pinto como presidente de esta corporación, el Gobierno nacional ha emprendido medidas extremas para adelantar unilateralmente, y aún sin el concepto del Congreso, la reforma a la salud. La decisión quedó plasmada tras la expedición del decreto 0858 emitido por el presidente Gustavo Petro y el ministro de la Cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La resolución con fecha del pasado 30 de julio dispone la puesta en marcha de los principales aspectos que busca la reforma que cursa, precisamente, en la Comisión Séptima. En ese sentido, el decreto plantea: Adoptar el Modelo de Salud Preventivo, predictivo y Resolutivo; dispone al Ministerio de Salud a dar seguimiento a esta nueva política; entregar la administración total de los recursos a la Adres que se encargará del giro directo, quitando esta potestad a las EPS; el despliegue de los Equipos de Salud Territorial, entre otros.
En la antesala de esta determinación, fue el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, quien manifestó que “es claro por las declaraciones que hemos dado es que hay una nueva era de entendimiento y que es seguro que se va a tramitar y va a pasar el proyecto de salud a la plenaria del Senado de la República”.
El jefe de la Cartera Política se sustentó en las palabras del senador Pinto, quien manifestó horas antes: “queremos hacer un debate claro y tranquilo al país. Hay un gran debate que nos preocupa a todos y es el de la reforma a la salud, que merece ser debatida con altura, seriedad y respeto, buscando formas de concertar. Hay una puerta abierta para ese debate”.
Y si bien el senador Pinto apuntó a las “diferencias” con la propuesta del Gobierno abrió la puerta de esa concertación para la reforma a pesar de que “hemos querido desde el comienzo que la Comisión tuviera la oportunidad de intervenir y participar en la elaboración de los proyectos, eso no ha pasado. No hemos podido tener reuniones con el Gobierno. Con el Ministerio de Hacienda jamás hemos podido terminar el debate para que nos diga cuánto vale el nuevo modelo de salud, o de dónde van a salir los recursos y las garantías”.
Una vez expedida la medida impuesta por el Gobierno nacional, diversos sectores denunciaron tanto su ilegalidad, como su objetivo final y la pertinencia de este, puesto que es emitido previo al inicio del debate de esta reforma. Sin embargo, desde la Casa de Nariño y la oficina del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se ha sido insistente en la aplicación argumentando una premeditada demora en el trámite al que le siguen faltando al menos dos audiencias públicas a nivel nacional, mesas técnicas sobre ajustes a la UPC, y finalmente un aval fiscal que desde la comisión se ha insistido, no es de conocimiento hasta la fecha.
En ese sentido, la senadora Norma Hurtado dijo a EL NUEVO SIGLO que la entrada en vigencia del decreto “reorganiza nuestro sistema a través de un modelo de atención que llaman preventivo, predictivo y resolutivo, redefiniendo los roles de los entes territoriales, la Adres, los prestadores y las mismas EPS para ajustarse a la sola visión del gobierno en lo que debería ser el sistema de salud, sin entrar a concertar ni dialogar con el Congreso”.
La parlamentaria del Partido de la U señaló que en materia fiscal “se replican los mismos vacíos financieros de la reforma. Por dar un ejemplo, pretenden la formalización del Talento Humano en Salud, principalmente en las Empresas Sociales del Estado, sobre la cual el Ministerio de Hacienda me ha conceptuado que tal apuesta podría ascender a más de $1,4 billones anuales, recursos que los hospitales públicos no poseen y que claramente el Gobierno nacional no podría coadyuvar a sufragar”.
Hurtado también cuestionó que “a través de la conformación de redes integrales e integradas de atención en salud bajo la tutela de los entes territoriales, se trasladan mayores responsabilidades a su cargo sin que estos cuenten con los recursos necesarios para hacerlas funcionar como se pretende en lo escrito sobre el papel”, hecho que ya ha advertido durante el debate en la comisión.
En la misma línea, la senadora Nadia Blel manifestó que con la expedición del decreto “el ministro de Salud excede su potestad reglamentaria”, afirmando además que “es una clara evidencia que desde el Gobierno se desprecia a la institucionalidad y la democracia”, tildando al Gobierno de querer “imponer sus ideas a toda costa”. Blel, presidenta del Partido Conservador, urgió a la Procuraduría y la Contraloría para tomar medidas especiales preventivas para “salvaguardar la salud de los colombianos”.
No obstante, para la Senadora Martha Peralta, de la coalición del Pacto Histórico, “se pone en marcha el modelo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, pero no se suspende ni se elimina el debate que se surte en el Congreso de la República sobre la reforma a la salud”. Según Peralta, el objetivo es dar un fortalecimiento a la red hospitalaria pública y llegar a los territorios más lejanos del país “garantizando y optimizando los recursos para que se lleve una prestación de servicios de manera universal y reorganizando territorialmente la prestación de los servicios”.
