En los 40 años de la toma Alvaro Uribe propondrá ley para amnistiar a militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia
El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que solicitará a la bancada del Centro Democrático en el Congreso impulsar una iniciativa legislativa que otorgue beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria para los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia en 1985. La propuesta buscaría amparar tanto a uniformados ya condenados como a quienes permanecen bajo investigación o proceso judicial.
El pronunciamiento de Uribe surge en el marco de la conmemoración de las cuatro décadas de este fatal acontecimiento, en el cual militares estuvieron involucrados de los hechos ocurridos durante y después de la operación militar del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el grupo guerrillero M-19 tomó el edificio judicial. El caso más reciente es la condena al general Iván Ramírez por la desaparición forzada de Irma Franco, una insurgente.
La propuesta de Uribe contempla que los beneficios también tengan efecto sobre militares fallecidos y busca un texto que “no afecte el honor militar”. El expresidente reconoció que la iniciativa llega tarde pero la considera una cuestión de justicia. Adicionalmente, especificó que la responsabilidad del Estado se mantendría sin extenderse al militar, con el fin de no afectar a las víctimas.
Cabe señalar que varios militares fueron citados a rendir declaraciones ante la JEP por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos durante la toma del Palacio de Justicia en 1985. En 2023, el tribunal de paz citó a los sargentos (r) Bernardo Alfonso Garzón, Gustavo Arévalo Moreno y al mayor (r) Óscar William Vásquez a una audiencia pública, el 24 y 25 de mayo, para que aportaran verdad sobre violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante las operaciones.
Los tres uniformados eran miembros de inteligencia del Ejército durante la toma del Palacio de Justicia.
Entre tanto, otros fueron rechazados, como fue el caso del general (r) Iván Ramírez Quintero, en 2022, por el “incumplido de forma sistemática los requerimientos de la JEP y del Sistema Integral para la Paz”. Esta decisión implicó el retorno inmediato de su caso a la justicia ordinaria.
