La Defensoría del Pueblo anunció la muerte de 11 menores de edad en los enfrentamientos registrado el 27 de mayo en el Guaviare
La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por la muerte de 11 menores de edad en medio de los enfrentamientos registrados el pasado 27 de mayo en la zona rural de San José del Guaviare, donde se enfrentaron estructuras armadas ilegales asociadas a las disidencias de las Farc de los grupos de alias “Iván Mordisco” y “Calarcá”.
La reacción se produjo luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la identidad de 43 de los 48 cuerpos recuperados tras los combates ocurridos en el sector de Barranco Colorado, en el departamento del Guaviare.
Ante este panorama, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, lanzó un fuerte pronunciamiento a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó el costo humano que continúa dejando el conflicto armado en varias regiones del país.
“11 menores de edad muertos en un combate que parece masacre”, escribió la funcionaria. nLa defensora agregó que la tragedia refleja una realidad dolorosa que sigue golpeando a Colombia. “Colombianos matando colombianos, sacrificando niños a los que negamos su derecho a un buen futuro”, manifestó la defensora. Las declaraciones reavivan el debate sobre el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales y la situación de seguridad que enfrentan distintas comunidades en regiones donde persisten las disputas entre estructuras criminales.
El informe de Medicina Legal también revela que, del total de víctimas identificadas, 39 corresponden a hombres y nueve a mujeres. Entre los fallecidos aparecen personas provenientes de diferentes regiones del país, lo que evidencia el alcance territorial de las organizaciones armadas involucradas en estos enfrentamientos.
Las labores de identificación fueron adelantadas por equipos forenses en Bogotá, Villavicencio y Yopal, como parte del proceso de verificación de identidad y entrega de los cuerpos a sus familiares.
La Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo desde hace varios años sobre el riesgo que enfrentan niños, niñas y adolescentes en zonas donde operan grupos armados ilegales, especialmente por fenómenos como el reclutamiento forzado, la utilización de menores en actividades relacionadas con el conflicto y las amenazas contra comunidades vulnerables.
