La vía El Estanquillo – Popayán en vilo por decreto del DNP
El futuro del megaproyecto vial El Estanquillo-Popayán, la obra más ambiciosa de la era del gobierno Petro en materia de infraestructura, se encuentra en un limbo de incertidumbre. Este proyecto, que busca solucionar los históricos problemas de conectividad del suroccidente del país, enfrenta una grave amenaza por un borrador de decreto del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que busca redistribuir las vigencias futuras ya aprobadas.
La voz de alerta la encendió Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en su columna del diario El Tiempo. Según Caicedo, el borrador del decreto le daría al gobierno la potestad de redistribuir los recursos de proyectos en curso. Esto crearía un clima de desconfianza y pondría en vilo la financiación de la doble calzada, cuya inversión asciende a $6,2 billones, de los cuales el 97% dependen precisamente de las vigencias futuras. Si estas pierden estabilidad, los oferentes podrían abstenerse de participar en la licitación prevista para inicios de 2026, lo que pondría en riesgo la ejecución.
La vía El Estanquillo–Popayán es vista como la respuesta histórica a los problemas de conectividad del suroccidente tras los recurrentes cierres de la vía Panamericana.
Una figura histórica bajo amenaza
La preocupación se ha extendido más allá de la CCI. En una carta dirigida al gobierno, seis exministros de Transporte y Hacienda —incluyendo a José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Carlos Echeverry, Juan Camilo Restrepo, Ángela María Orozco y Germán Cardona— han solicitado al gobierno abstenerse de expedir el decreto. La misiva advierte sobre las “graves consecuencias” que acarrearía para el sector, señalando que la figura de las vigencias futuras ha sido el pilar que, en los últimos 20 años, ha permitido a Colombia construir 10.000 kilómetros de carreteras, más de 1.100 puentes y 50 túneles.
Según los exministros, el decreto es inconstitucional e ilegal, ya que busca regular una materia que solo le corresponde al Congreso, y contraviene los planteamientos de la Contraloría General de la República, que ha advertido que las vigencias futuras no pueden modificarse unilateralmente.
La controversia revela una paradoja: el proyecto de El Estanquillo-Popayán, considerado la principal apuesta de la actual administración en materia vial, sería el más afectado. Aunque el gobierno de Petro podría no tocar sus vigencias, el próximo mandatario, si el decreto entra en vigor, sí podría hacerlo, dejando la obra en riesgo.
Más allá de la obra específica, la principal preocupación es la desinstitucionalización de un modelo que ha demostrado ser exitoso. Los exministros y Caicedo coinciden en que el decreto pondría en riesgo la credibilidad en el sistema de Asociaciones Público-Privadas (APP), afectando no solo a la infraestructura vial, sino también a la social, crucial para reducir la desigualdad en el país.
El gobierno argumenta que el decreto permitiría negociar con los concesionarios para reasignar recursos, pero los exministros señalan que los contratos actuales ya incluyen cláusulas para llegar a un acuerdo. Finalmente, la decisión de expedir el decreto se convierte en un punto de inflexión que podría detener el desarrollo de la infraestructura y, con ello, el progreso de regiones vitales como Nariño y Cauca.
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