Mañana será la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional
La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que el Congreso de la República realizará el próximo 3 de septiembre, tendrá una votación cerrada. Las colectividades están divididas frente a votar por Carlos Camargo, el exdefensor del Pueblo, y Ana Patricia Balanta, impulsada por el presidente Petro, y respaldada por el Pacto Histórico. No obstante, también hay que tener en cuenta como se mueva el abogado Jaime Tobar.
Todo indica que habría un empate en 52 votos entre Camargo y Balanta. Por Camargo, van fijos los partidos Cambio Radical, Conservador y Centro Democrático, a estos se sumarían al menos 4 votos del Partido de La U; 6 Votos del Partido Liberal, 2 votos de la Alianza Verde, Aico 1 voto. Aunque, es probable que los votos de MIRA y AICO le lleguen a Jaime Tobar.
Ana Patricia Balanta, tendría el respaldo del Pacto Histórico y Comunes, más 6 votos de La U y otros 6 votos de liberales, la mayoría de Alianza Verde, y algunos gobiernistas del conservatismo y el voto de Aída Quilcué del CRIC. No se sabe a dónde irá el voto de Paulino Riascos del ADA quien algunas veces vota por el gobierno y otras en contra.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, recalcó recientemente la importancia de esta elección, pues la misma va a terminar por inclinar la balanza para que el gobierno termine controlando la Corte Constitucional en los próximos años. Así las cosas, el dirigente político dijo en su habitual columna en el periódico El Tiempo que “una clarísima mayoría 6 a 3, le aseguraría a Petro el control de esta Alta Corte para los próximos 5 o 6 años”.
Se conoció que por la magistrada Ana Balanta, han pedido respaldo el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, y el procurador general Gregorio Eljach, ambos funcionarios llegaron a sus cargos por mayorías políticas y piden del Congreso una actuación similar en esta elección. Balanta, también cuenta con el apoyo del ministro de Interior, Armando Benedetti, y el magistrado Vladímir Fernández, quienes hacen movidas políticas para lograr votos a su favor en el Senado, y que la elección sea favorable al Gobierno.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió al respecto y manifestó que “esta semana el Senado de la República elegirá a la persona que reemplazará al magistrado José Fernando Reyes en la Corte Constitucional de terna elegida por la Corte Suprema de Justicia. La decisión está en titularidad de un órgano político, lo cual tiene sentido y hace parte de nuestro diseño constitucional. En cuanto a la elección de esta semana, desde la Defensoría del Pueblo, hemos promovido una campaña a favor de la paridad de género en las altas cortes con base en fundamentos jurídicos, además, se debe avanzar en una judicatura que representa la diversidad étnica y regional de nuestro país”.
De igual manera, Marín Ortiz dijo que “de elegirse un hombre, la única Corte, exceptuando la JEP que se había acercado a la paridad con 4 mujeres de 9 miembros que es la Corte Constitucional, regresaría al 33% que se acerca actualmente. Algunos exigen que quien sea elegido o elegida muestre independencia frente al Gobierno, lo cual está bien, pero parecen exigir a su vez que se comprometan a estar en contra del Gobierno, lo que va en demérito de la independencia judicial. Llamo a los sectores políticos a dejar de lado la estigmatización y a tomar una decisión que busque la paridad, represente la étnica regional, y se oriente a garantizar la independencia judicial, que la elección de la Corte Constitucional no sea para un sector particular, sino para el fortalecimiento del Estado de derecho”.
No obstante, se conoció que la Comisión de Disciplina Judicial adelanta un proceso disciplinario a la magistrada Ana Patricia Balanta por acoso laboral, sin embargo, esto no impediría que integre la terna para la elección.
Otro de los hechos que se ha denunciado, es que Carlos Camargo fue señalado de dar múltiples cargos a familiares y conocidos de magistrados que lo ternaron para magistrado de la Corte Constitucional, durante su paso por la Defensoría del Pueblo entre el 2020 y el 2024. Los cuestionamientos ponen en duda la elección de cualquiera de los dos para esa corporación judicial.
