Ministerio de Justicia pide suspender decreto que avala las aspersiones aéreas con glifosato al Consejo de Estado
El Ministerio de Justicia le solicitó al Consejo de Estado suspender provisionalmente el decreto 380 de 2021 que avaló la reanudación de las asperciones aéreas con glifosato para combatir los cultivos ilícitos en varias regiones del país.
El decreto 380, firmado por el expresidente Iván Duque hace tres años, abrió la puerta al regreso de las aspersiones aéreas que fueron suspendidas desde 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes, teniendo en cuenta un informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer que catalogó al glifosato como probablemente carcinógeno.
En un concepto de siete páginas, el Ministerio de Justicia argumenta que las disposiciones del decreto “permiten que se desempeñe una actividad que puede desencadenar daños a la salud y al ambiente”.
La fumigación aérea con glifosato podría retomarse en Colombia. Su uso representa riesgos en materia de salud y seguridad. | Foto: Foto: Archivo de El País
Para el Gobierno, el glifosato es incompatible con la nueva política antidrogas establecida para los próximos 10 años. El concepto enviado al despacho del magistrado Hernando Sánchez advierte que, según el ordenamiento jurídico de Colombia, hay “otros mecanismos encaminados a la erradicación de cultivos ilícitos, que resultan menos nocivos”.
La mencionada política de drogas, definida para el periodo 2023-20233, remarca que las acciones del Estado en contra del mercado ilícito de drogas han generado afectaciones ambientales. Por ejemplo, señala que las erradicaciones forzosas tuvieron un impacto ambiental indirecto, al generar el desplazamiento de la coca hacia Áreas de Especial Importancia Ambiental.
“Este efecto globo contribuyó a la deforestación y expansión de la frontera agrícola. En cuanto a la aspersión aérea –suspendida en 2015–, las comunidades han reiterado las consecuencias aún persistentes del glifosato sobre las fuentes de agua y la fertilidad del suelo”, se lee en el documento.
Según el congresista, el decreto no es constitucional porque vulnera el principio de reserva legal y no permitió la participación de la ciudadanía para la creación de informes de salud y medio ambiente, pero, según él, también vulnera el principio de independencia y la separación de poderes.
Sin embargo, este decreto no está en vigencia, pues la Corte Suprema de Justicia tumbó el Plan de Manejo Ambiental de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales hace dos años, requisito para permitir las aspersiones aéreas con glifosato.
