El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio confirmó la identificación de tres hallazgos de consideración en el desarrollo de infraestructuras de agua potable y saneamiento básico en el país. Las anomalías, detectadas durante la revisión de expedientes contractuales de la administración precedente, serán trasladadas formalmente ante las autoridades de fiscalización y control para determinar las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar.

El expediente de mayor impacto en la costa Atlántica se ubica en el municipio de Riohacha, La Guajira, donde un proyecto suscrito en el año 2021 registra un avance físico del 0 %. Pese a la ausencia total de ejecución de las obras en el terreno, la entidad constató que ya se han desembolsado giros presupuestales que superan los $3.600 millones de pesos sin que la comunidad reciba el servicio.

En el caso del Pacífico colombiano, la cartera de Vivienda documentó la parálisis de un programa financiado mediante crédito internacional en el distrito de Buenaventura, Valle del Cauca. La operación, pactada desde 2019, no ha iniciado la fase de obras en campo, situación que ha generado compromisos por más de USD $2 millones de dólares en costos de financiamiento e intereses por intervenciones inexistentes.

La tercera inconsistencia técnica y presupuestal se localiza en el municipio de Ciénaga, Magdalena. En esta entidad territorial, el proyecto de optimización y ampliación de las redes de acueducto se encuentra completamente detenido por fallas en la fase de planeación inicial, dejando a los habitantes sin una alternativa financiera o técnica para garantizar el suministro de agua.

Frente a la acumulación de estos retrasos y pérdidas de recursos públicos, la administración central confirmó que radicará las carpetas probatorias ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.

El Gobierno Nacional enfatizó en que la entrega de estos insumos busca esclarecer el destino de los recursos asignados al sector de agua potable y sancionar a las firmas contratistas y exfuncionarios vinculados al deterioro de los proyectos.