Ordenan la captura para Iván Velásquez, y de la fiscal Luz Adriana Camargo por el caso Odebrecht en Guatemala
La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), ordenó la captura del exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y actual embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez Gómez, y de Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia, a quienes se les señala de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión en el caso Odebrecht, informó este lunes 2 de junio la Fiscalía.
El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, informó que la Corte decretó la rebeldía y orden de captura contra Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general de Guatemala, y Mayra Johana Véliz López, exsecretaria general del MP.
Además, detalló que la orden también incluye a Juan Francisco Sandoval Alfaro, exjefe de la Feci, y a Eva Xiomara Sosa Pérez, exfiscal de sección adjunta de la misma fiscalía.
La lista de personas buscadas se extiende a Juan Pablo Carrasco de Groot, expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Estadounidense (AmCham); Luis David Gaitán Arana, exmandatario de la Cicig; y a los exfiscales de la Feci, Rudy Manolo Herrera Lemus y Ami Mayra Lissed Girón Rodas.
Curruchiche informó en un video difundido en las redes sociales del MP que se ha solicitado judicialmente la emisión de una alerta a Interpol para que estas personas puedan ser detenidas en cualquier país donde se encuentren.
En el video, Curruchiche que Iván Velásquez Gómez dirigía una “estructura criminal” que habría favorecido a empresarios de la constructora Odebrecht, causando pérdidas al Estado de Guatemala por más de Q3 mil millones.
“La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de Q3 mil millones”, dice Curruchiche en el video publicado en la cuenta de X del MP.
Según el MP: “Dentro del presente proceso se encuentra pendiente de resolver una recusación planteada por una de las partes procesales en contra de la Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, es por ello que es la Sala Tercera de Apelaciones quien gira las órdenes de aprehensión referidas”.
Respecto a las investigaciones, Curruchiche dijo que analizaron las convenciones sobre relaciones diplomáticas, debido a que Velásquez tenía categoría de diplomático cuando dirigió la Cicig; además, añadió que a los trabajadores de ese organismo los protegía una misión de la ONU, pero determinaron que al concluir su mandato podían ser investigados.
Detalló que determinaron, por medio de correos electrónicos, que tanto Velásquez como la fiscal colombiana actuaron de manera irregular en Brasil en el caso Odebrecht.
La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal que autorizó la orden de captura en contra de los exfuncionarios de Cicig está integrada por Alejandro Prado Estrada, magistrado presidente de la judicatura; así como los Vocales I y II, Ingrid Vanessa García Vásquez y Mario Federico Hernández, respectivamente.
Esta misma sala de apelaciones fue la el 4 de marzo de 2025 anuló la resolución del juez Érick García, quien en octubre de 2024 había otorgado el arresto domiciliario a favor del periodista Jose Rubén Zamora, luego de que el comunicador estuviera preso más de 800 días bajo la figura de prisión preventiva.
En enero de 2025, la misma sala fue la que anuló una resolución emitida también por el juez García, la cual permitía que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) pudiera ejercer funciones, luego de que fueran inhabilitados por ser investigados por el caso TREP, con el cual la fiscalía busca probar que habrían ocurrido anomalías en las elecciones generales de 2023, ganadas por Bernardo Arévalo.
Según el diario El Tiempo, de Colombia, frente a los señalamientos, el ahora embajador de ese país en el Vaticano dijo lo siguiente: “Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Cicig”.
Y añadió: “Mi compromiso con la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad ha sido y seguirá siendo la impronta de mis labores como servidor público y ahora como ministro de Defensa Nacional (cargo que ocupaba en ese momento)”.
Entre 2014 y 2017, Luz Adriana Camargo Garzón, ahora fiscal general de Colombia, fue jefa del Departamento de Investigación y Litigio de la Cicig, donde presentó ante jueces casos que involucran a más de un centenar de funcionarios y particulares, supuestos integrantes de redes criminales político-económicas, así como a los integrantes de estructuras paralelas de lavado de activos.
Fuente: Diario PRENSA LIBRE de Guatemala
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