Partidos políticos en Colombia rechazaron anuncio de Petro para convocar Consulta Popular por Decreto
COMFACAUCA Y LA NOTICIA DESTACADA DE HOY

En un hecho que ha encendido las alarmas institucionales, los principales partidos de oposición denunciaron que el presidente Gustavo Petro pretende desconocer al Congreso de la República al anunciar que convocará una consulta popular por Decreto, luego de que esta fuera rechazada por el Senado. Las colectividades califican la decisión como un acto inconstitucional, una violación grave a la separación de poderes y un claro intento de golpe de Estado.
Los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASI expresaron su rechazo al considerar que esta decisión del Gobierno representa una ruptura de la separación de poderes y una grave violación a la Constitución.
Los líderes de estas colectividades hicieron un llamado a instituciones como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría y los organismos electorales para que actúen “con independencia y bajo el principio de legalidad”. Además, manifestaron su confianza en que el Registrador Nacional actuará con autonomía y no permitirá la fijación de un calendario electoral sin cumplir con los requisitos legales.
El comunicado destaca que el Congreso, al negar la consulta, actuó conforme a su función constitucional y que la decisión del Gobierno vulnera lo dispuesto por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que ya declaró como “acto definitivo” el archivo de la consulta en el Senado.
Los partidos alertan que esta medida del Ejecutivo excede sus competencias y constituye un peligro para la institucionalidad democrática del país. “Colombia no puede ser sometida a la voluntad de una persona que pretende desconocer el Estado de Derecho”, señala el texto.
Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a defender la Constitución y rodear a las instituciones democráticas, advirtiendo que no se puede permitir que causas sociales legítimas sean utilizadas con fines políticos que contradicen el orden constitucional.
