Reforma a la salud costaría $100 billones anuales, según MinHacienda
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La reforma al sistema de salud, propuesta por el Gobierno y aprobada en segundo debate en la Cámara de Representantes, tendría un impacto fiscal cercano a los $100 billones anuales, según el análisis presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así lo advierte el documento de Aval Fiscal al Proyecto de Ley No. 312 de 2024 Cámara, que transforma el actual modelo de aseguramiento en salud hacia un sistema centrado en la atención primaria, preventiva y territorial.
De acuerdo con el informe, “el impacto fiscal estimado del proyecto de ley del asunto puede incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”, pero solo bajo condiciones específicas, entre ellas la cobertura de las obligaciones corrientes del sector salud acumuladas al cierre de 2024 y una implementación progresiva sujeta a la disponibilidad de recursos del presupuesto nacional.
El documento técnico, dirigido a la Comisión Séptima del Senado, detalla que el nuevo sistema implicaría un aumento sostenido del gasto en salud a lo largo de la próxima década. Para 2025, el gasto total proyectado alcanzaría $100,9 billones en pesos constantes, mientras que para 2034 la cifra escalaría a $163,8 billones, lo que representaría más del 7% del PIB nacional.
“La senda de gasto correspondiente fue estimada con base en la información suministrada por el MSPS, y contempla la implementación progresiva del nuevo modelo de salud, que incluye componentes como la Atención Primaria en Salud, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, las prestaciones económicas, licencias de maternidad no cotizantes, gastos institucionales y medidas de gestión.”
El Ministerio de Hacienda advierte que los recursos actuales del sistema —compuestos por cotizaciones, aportes de la Nación, Sistema General de Participaciones y otras fuentes como Coljuegos, SOAT, multas y sanciones— no serían suficientes sin un fortalecimiento sostenido de los ingresos del sector. Aun así, la reforma contempla dos nuevas fuentes:
- El 0.5% del IVA social.
- El 100% del recaudo por impuestos saludables, específicamente sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.
Sobre estas fuentes, el documento aclara que:
“El recaudo por impuestos saludables ya se encuentra incorporado en el PGN, y por su parte el 0.5 del IVA social ya cuenta con una destinación específica para el sector salud, de conformidad con el artículo 184 de la Ley 1819 de 2016.”
Es decir, aunque estas fuentes son etiquetadas como “nuevas”, en realidad no representan recursos adicionales netos, sino una redistribución dentro del presupuesto general.
El informe de Aval Fiscal precisa que el grueso del gasto se concentraría en:
- Atención primaria en salud: $19,1 billones en 2025, con proyección de $40,2 billones en 2034.
- Mediana y alta complejidad: $74,2 billones en 2025, proyectados a subir a $103,8 billones.
- Fortalecimiento de la red pública: $516 mil millones en 2025, llegando a $5 billones a 2034.
También se incluyen recursos para prestaciones económicas, becas, licencias de maternidad no cotizantes, atención a migrantes y un fondo especial para desastres y epidemia.
Adicionalmente, el Ministerio alertó que: “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público no cuenta con la información que le permita estimar ex ante el gasto del fortalecimiento institucional en los términos planteados por la iniciativa legislativa.”
Esto incluye la reorganización de la ADRES y el sistema de información en salud, cuyo fortalecimiento demandaría $103 mil millones anuales solo para esa entidad.
Un capítulo crítico del documento es el relacionado con el pago de deudas acumuladas del sistema, especialmente de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El informe recuerda que, de acuerdo con el Sistema de Información Hospitalaria (SIHO): “A noviembre de 2024 se reportaba que el pasivo de las ESE era de $3,9 billones.”
Además, la reforma habilita mecanismos excepcionales como el uso de recursos del FOSFEC, excedentes de las cuentas maestras del régimen subsidiado y otros fondos especiales. En total, estas fuentes sumarían $531.792 millones, según cifras del Ministerio de Salud.
Sin embargo, Hacienda advierte que estas medidas podrían: “Implicar costos fiscales en caso de que dichas garantías o compensaciones no se encuentren sujetas al techo de gasto del Sector Salud.”
La transformación del sistema incluye la creación de Gestoras de Salud y Vida (en reemplazo de las EPS), Entidades de Salud del Estado Itinerantes, y un modelo interoperable de información nacional. Esta reestructuración, aunque ambiciosa, no cuenta con cronogramas detallados ni evaluación de capacidad institucional, lo que según el Ministerio, puede traer consecuencias fiscales si no se implementa de manera gradual y con soporte técnico.
El documento es enfático al advertir que: “En dos años se plantea que todo el sistema esté operativo y que las EPS hayan realizado su transición a Gestoras de Salud y Vida, y en tres años, la ADRES deberá contar con toda la capacidad operativa necesaria para cumplir con sus funciones.”
