Reportan hallazgos en 11 de las 42 cajas de compensación familiar que hay en Colombia
La situación de las cajas de compensación familiar volvió al centro de la discusión nacional luego de que el Gobierno reportara hallazgos en 11 de las 42 entidades que se encontraban bajo intervención. El panorama abrió preguntas sobre el manejo de los recursos parafiscales, los mecanismos de vigilancia y el futuro de un sistema que presta servicios sociales a millones de trabajadores y sus familias.
En entrevista con la estación de Radio, La FM, la doctora Adriana Guillén, representante del gremio y de los actores del sistema de cajas de compensación familiar, aseguró que el momento actual puede convertirse en una oportunidad para corregir las fallas existentes y establecer reglas más claras.
También se refirió a la Sentencia C-298 de 2025 de la Corte Constitucional y al plazo que tiene el Congreso para crear un nuevo régimen de inspección, vigilancia y sanción.
Guillén celebró que el actual Gobierno haya decidido revisar las irregularidades detectadas en las cajas intervenidas. Según explicó, el gremio venía cuestionando desde años atrás la forma en que se estaban realizando algunas intervenciones y la amplitud de las normas que permitían adoptar estas medidas.
“Este gremio estuvo muy solo en los 4 años anteriores”, afirmó la representante del sector.
La dirigente señaló que uno de los problemas estaba relacionado con el Decreto Ley 2150 de 1992, que, según su interpretación, establecía un margen de indeterminación que podía facilitar intervenciones totales. Estas medidas implicaban separar a los directores y consejos directivos y permitir que la Superintendencia del Subsidio Familiar participara en la designación de administradores.
Para Guillén, el sistema necesita una revisión profunda de sus mecanismos de supervisión. En ese sentido, destacó la decisión de la Corte Constitucional frente al régimen de intervenciones.
La Corte declaró inconstitucional todo el sistema de intervenciones que estaba establecido para el sistema de subsidio familiar”, explicó.
La sentencia estableció efectos diferidos y ordenó al Congreso desarrollar un nuevo régimen de supervisión, inspección, vigilancia y sanciones, con un plazo que, según Guillén, vence en junio de 2027.
