Tres años de fuertes controversias del gobierno del “cambio” de Gustavo Petro
Se cumplen hoy tres años del gobierno Petro, el balance sobre su gestión continúa generando una fuerte controversia.
Mientras que el ahora saliente jefe de Estado insiste en que son muchos los logros desde agosto de 2022 a la fecha, recalcando que el país ha cambiado positivamente y superado muchas crisis estructurales y coyunturales, desde distintos sectores políticos, económicos, sociales, gremiales e institucionales se advierte todo lo contrario, insistiendo incluso en que el país ha sufrido una involución en muchos flancos y está retornando a situaciones críticas que ya se creían superadas hace una, dos o más décadas.
Una prueba de esta contradicción es la cantidad de réplicas a los balances presentados por el presidente Petro, tanto en su discurso del pasado 20 de julio en la instalación de la cuarta y última legislatura de su mandato, así como en la larga alocución radiotelevisada de este martes en la noche.
Mientras que la Casa de Nariño sostiene que hoy Colombia es un país más equitativo y que ha logrado reducir los índices de pobreza monetaria y extrema, los analistas y expertos advierten que esto no resulta tan cierto porque los datos de desigualdad se mantienen muy altos y no ha habido mayor progresión positiva en cuanto al Índice de Gini.
De hecho, se advierte que, aunque sí hay una disminución en las cifras de pobreza ese fenómeno está jalonado en gran parte por Bogotá y otras capitales departamentales, precisamente ciudades que han tenido que entrar a suplir con sus propios presupuestos el hueco dejado por el recorte de subsidios y transferencias económicas desde el Gobierno Nacional Central producto de la grave crisis fiscal que arrastra por su controvertida política económica.
Por otro lado, mientras que el Ejecutivo afirma que hay una disminución casi general de los delitos de alto impacto y en más de 600 municipios no se están registrando homicidios, lo que llevó a Petro a afirmar que “más de la mitad del territorio está en paz”, las propias estadísticas del Ministerio de Defensa, así como las alertas de los gobernadores, alcaldes, entes de control, organizaciones no gubernamentales y de las varias agencias de la ONU muestran una realidad distinta.
En los últimos tres años se ha registrado un progresivo pico de inseguridad y desorden público, producto no solo de un boom de narcocultivos (que hoy podrían estar cerca a las 300.000 hectáreas), así como de otras economías ilícitas como la minería criminal, el contrabando y la extorsión. De igual forma, el pie de fuerza de los grupos residuales de las Farc, el Eln, el Clan del Golfo y otras bandas criminales de alto espectro ha crecido de forma exponencial, al punto que no solo hacen presencia en más del 70% de los municipios, sino que le están disputando al propio Estado el control territorial.
Es más, hoy se registra un índice creciente de masacres, de desplazamiento forzado, asesinato de líderes sociales y de desmovilizados, así como de ataques terroristas (con un uso inédito y profuso de drones), abatimiento y secuestro de uniformados y centenares de miles de personas expuestas al férreo y violento control de los ilegales día a día.
Esa crisis de orden público es, sin duda alguna, resultado también de la accidentada implementación de la política gubernamental de “paz total”, una de las principales banderas de este gobierno, pero cuya efectividad ha sido claramente muy baja. Es claro que sus improvisados ceses al fuego con los grupos ilegales terminaron por limitar la operatividad de la Fuerza Pública y facilitar el crecimiento de las facciones criminales.
Prueba de ello es que hoy las mesas de negociación con la guerrilla del Eln, las disidencias y reincidencias de las Farc, así como con los voceros de las bandas criminales de alto espectro, se encuentran paralizadas desde hace varios meses.
Aunque el gobierno sostiene que hay algunas iniciativas de pacificación que están saliendo adelante, éstas en realidad se están llevando a cabo con grupúsculos guerrilleros en Nariño y Catatumbo, en tanto que los diálogos con pandillas y bandas criminales en Buenaventura o Medellín, por ejemplo, siguen sin dar resultados concretos porque no hay un marco legal que permita cumplir las altas dosis de impunidad que estas facciones delincuenciales exigen a cambio de abandonar la criminalidad.
Un clima de inseguridad que se ha trasladado también al escenario político como se evidencia, por ejemplo, con el grave atentado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, cuya principal hipótesis de autoría intelectual apunta, precisamente, a las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Márquez’.
Como se sabe, con esta facción el gobierno ha adelantado negociaciones de paz y pese a que no han progresado, no le ha pedido al régimen dictatorial de Nicolás Maduro que aprese y extradite a la cúpula subversiva.
Otra de las grandes apuestas del gobierno Petro cuando llegó al poder hace tres años era su compromiso de cambiar la manera de hacer política, comprometiéndose a no incurrir en corrupción y componendas clientelistas. Sin embargo, hoy el país está asistiendo a la judicialización de uno de los más graves casos de corrupción en la última década, al punto que tiene en la mira a seis exministros y un integrante actual del gabinete, dos expresidentes del Senado y la Cámara, una decena de congresistas, así como a varios de los más altos cargos de la Casa de Nariño, entre ellos varios de los principales alfiles presidenciales, dos hoy fugados.
Se trata del entramado de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que fue utilizada por la Casa de Nariño como una especie de ‘caja menor’ para una operación sistemática de compra y venta de apoyos parlamentarios a los proyectos de reformas gubernamentales, así como a las solicitudes de empréstitos de la nación que requieren visto bueno de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Esa misma práctica clientelista y típicamente delincuencial se habría extendido también a otras entidades como el Invías o la propia DIAN, en donde se denunció un circuito politiquero de petición de contratos y cuotas burocráticas para decenas de parlamentarios afines al gobierno.
Pero no son los únicos procesos judiciales que han cercado a la Casa de Nariño. Las investigaciones alrededor de la financiación irregular de la campaña siguen sin resolverse en el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía ni la Comisión de Investigación de la Cámara. Aunque ya está llamado a juicio, tampoco se ha entrado en la etapa definitiva en el proceso a Nicolás Petro, el hijo del mandatario, que también está relacionado con el presunto ingreso de dineros ilegales a las arcas petristas en 2022.
Entre otros escándalos que han marcado estos tres años hay que mencionar, por ejemplo, los relacionados con Laura Sarabia, Armando Benedetti y Álvaro Leyva, entre varios más. Y, como si fuera poco, hay que mencionar la constante controversia alrededor de los presuntos comportamientos anómalos del jefe de Estado que han llegado a denuncias nacionales e internacionales sobre adicción a las drogas y al alcohol.
Otra de las marcas del gobierno Petro en estos tres años ha sido, sin duda alguna, los graves problemas de gobernabilidad que ha enfrentado. A hoy, con los dos movimientos anunciados en las carteras de Igualdad y Ambiente esta semana, ya serían más de 60 los cambios en el gabinete, lo que sin duda ha afectado de forma muy drástica el cumplimiento de las metas gubernamentales, la ejecución presupuestal y la implementación del Plan de Desarrollo.
Desde sectores independientes y de la oposición han advertido que ha sido tal la rotación en ministerios, viceministerios, agencias, departamentos administrativos y otras entidades del Gobierno Nacional Central que a lo largo de estos 36 meses no ha existido una sola semana en que la nómina del alto gobierno haya pasado invicta. Incluso, ya Petro habría superado su propio récord de remociones en el gabinete que impuso cuando fue alcalde de Bogotá.
Las crisis ministeriales se volvieron, entonces, pan de cada día, aunadas a no pocas polémicas y denuncias cruzadas entre los integrantes del gabinete, exministros e incluso roces con la propia vicepresidenta Francia Márquez. Todo ello sumado a un sinnúmero de nombramientos controvertidos porque sus titulares no cumplen con la experticia requerida o simplemente responderían a caprichos presidenciales.
Esto tiene que ver con las constantes andanadas de críticas del presidente, sus ministros y bancada contra los otros dos poderes públicos: Congreso y Rama Judicial. Son múltiples los casos en que el Ejecutivo ha considerado las decisiones legítimas del parlamento, así como de los jueces y Altas Cortes, como una expresión de oposición política al “mandato popular” del presidente y el “gobierno del cambio”.
De igual forma, el Ejecutivo ha chocado de manera insistente con la autonomía constitucional y legal del Banco de la República, las comisiones de regulación de servicios públicos e incluso con las facultades jurisdiccionales de los gobernadores y alcaldes, especialmente con aquellos que no pertenecen a su misma orilla política.
Para desafiar esos marcos de autonomía y facultades discrecionales, el gobierno ha planteado desde acudir a inciertas propuestas de consulta popular y asamblea constituyente, hasta la intervención o desplazamiento de las comisiones de regulación o incluso la amenaza a la autonomía del Emisor.
Paradójicamente, uno de los mayores incumplimientos de este gobierno está relacionado con las principales reformas prometidas en campaña electoral. Pese a que al comienzo del mandato logró construir una sorpresiva y mayoritaria coalición multipartidista que hasta le aprobó en su primer semestre la reforma tributaria más alta de la historia por 80 billones de pesos, el error de no haber concertado con los partidos el alcance de los ajustes al sistema de salud, el régimen laboral, el modelo pensional e incluso al esquema electoral llevó al rompimiento del bloque parlamentario en marzo de 2023.
Desde entonces, el trámite de las iniciativas ha sido absolutamente traumático y polémico. A hoy, tres años después de la llegada de Petro a la Casa de Nariño, solo hay dos reformas aprobadas. La pensional, a mediados del año pasado, que por un error grave de trámite tuvo que ser devuelta al Congreso en junio reciente y se encuentra actualmente con vigencia suspendida hasta que se produzca un fallo definitivo de la Corte Constitucional.
Y está la laboral que se hundió dos veces en el Congreso, pero que meses atrás fue ‘resucitada’ y aprobada contrarreloj recientemente, pero ya afronta un alud de demandas.
Entre tanto, la reforma a la salud lleva más de dos años y medio trabada en el Congreso y el gobierno ha tenido que acudir a decretar, con grave riesgo de inconstitucionalidad, una parte de esta para poder así arrancar atropelladamente su cuestionado modelo de aseguramiento y atención médica.
Lo más grave es que para forzar la adopción de su propuesta, acudió a propiciar, según los gremios y la oposición, una crisis sin antecedentes en el sistema, que hoy tiene a la mayoría de las EPS intervenidas y al borde de la quiebra, en tanto que los pacientes sufren desde hace más de un año una escasez crítica en la entrega de los medicamentos y la atención a patologías graves.
De esta forma, un sistema de salud que era considerado al comienzo de la década como entre los 10 mejores del mundo por calidad y cobertura terminó convertido en menos de tres años en un esquema altamente deficitario, con estándares de atención muy críticos y al borde de la inviabilidad financiera a corto plazo.
En el flanco económico la situación difícilmente podría ser más complicada. Pese a que Colombia creció 10,1% en 2021 y 7,5% en 2022, el PIB se descolgó hasta un 0,6% en 2023 y un 1,7% el año pasado. De igual manera, la política minero-energética enfocada en marchitar la explotación de petróleo y gas tienen hoy al país con una crisis de producción e inversión en ambos campos.
Más grave aún es la debacle fiscal, que no solo obligó a esquivar por tres años la Regla Fiscal, sino que ha forzado al gobierno a fuertes recortes en la inversión social, al aumento y encarecimiento de la deuda externa, así como a una rebaja de nota generalizada por parte de las firmas calificadoras de riesgo. También alarma el crecimiento dramático de la informalidad laboral.
Curiosamente, el gasto burocrático y contractual está disparado, con un claro trasfondo electoral. A lo que se suma que la inversión extranjera directa ha caído dramáticamente, el clima de negocios está muy afectado por la incertidumbre reinante y el gobierno no atina a pactar un plan de choque de recuperación productiva, sino que, por el contrario, continúa ahondando sus ataques sistemáticos al sector privado.
Visto todo lo anterior, la mayor expectativa hoy en Colombia tiene que ver con qué pasará en este último año de mandato. Asoman dos escenarios. El primero es la posibilidad de que el gobierno Petro se radicalice aún más de cara a la campaña parlamentaria y presidencial, con miras a tratar de mantener su bancada en el Congreso y poner un sucesor suyo en la Casa de Nariño.
La otra alternativa va en la dirección de que el Ejecutivo acepte darle un timonazo a la gestión y corregir muchas de las falencias advertidas con el fin de poder, como se dice popularmente, pasar el curso a última hora.
Por el momento, acorde con el tono beligerante del presidente en sus redes sociales, alocuciones e intervenciones públicas, parece que apostará por la primera opción.
En ese orden, lo que le espera al país es el aumento de la polarización política a partir del mismo estilo controvertido de gobierno del presidente. Un estilo caracterizado por una obsesiva ‘trinadera’ en las redes sociales, discursos con altas dosis de populismo y énfasis en el odio y la lucha de clases, así como la constante −aunque cada vez más desgastada− propensión a citar marchas de respaldo, que, como denuncia la oposición, son respaldadas por sindicatos, indígenas y otros grupos financiados con recursos públicos u obligados desde los despachos oficiales.
Vendrán, asimismo, más ataques a la prensa y la empresa privada, y una intervención en política partidista cada vez más abierta del jefe de Estado.
No se descarta, tampoco, que Petro profundice de manera intencional su controvertida política externa, ya sea con un acercamiento más directo con la dictadura venezolana o un enfrentamiento mayor con la Administración Trump.
En síntesis, Colombia arranca hoy el último año de la primera administración presidencial de izquierda que, sin duda alguna, ha mantenido al país desde el 7 de agosto de 2022 en un clima permanente de crisis, polarización y descaches.
