Álvaro Uribe Vélez hace un llamado a la justicia colombiana para que se emita un fallo de fondo sobre su caso
El expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo un llamado firme a las instituciones judiciales del país para que se emita un fallo de fondo sobre su caso, enfatizando la necesidad de resolver las dilaciones procesales para no permanecer en lo que calificó como un “limbo reputacional”.
A través de sus canales oficiales, el exmandatario reiteró su disposición de someterse a las determinaciones de los jueces y confirmó que comparecerá nuevamente en el mes de octubre ante la Fiscalía General de la Nación para responder a las preguntas de los investigadores en el marco de las diligencias en curso.
“Que me condenen o me absuelvan, pero que no me dejen en este limbo reputacional”, aseveró Uribe Vélez, quien pidió a la ciudadanía evaluar con rigor los resultados de su trayectoria pública al frente del Estado.
En su intervención, el líder político abordó el trámite que ha seguido el expediente, recordando que en su momento la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes desestimó remitir el asunto a la Fiscalía. No obstante, enfatizó que su actuación se ha caracterizado por el acatamiento de las citaciones de la justicia ordinaria.
“Me he sometido a la Fiscalía, he ido respetuosamente allí a atender la indagatoria y seguiré yendo cuantas veces me llamen”, sostuvo el exjefe de Estado.
De igual manera, frente al conflicto de competencia que evalúa el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, Uribe ratificó su respaldo irrestricto a la Carta Política de 1991. “Cualquier decisión que sobre ese conflicto de competencia tome la Corte Constitucional la respetaré enteramente”, puntualizó.
El exmandatario aprovechó la oportunidad para desestimar de forma tajante las acusaciones promovidas por sectores opositores que buscan vincularlo con grupos al margen de la ley. “Si yo hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente”, afirmó, al recordar la efectividad de la política de seguridad democrática implementada durante sus dos periodos de Gobierno para desmantelar las estructuras criminales en el territorio nacional.
Con la expectativa puesta en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, la defensa del expresidente aguarda la fijación formal del marco jurisdiccional que guiará el curso del proceso en los próximos meses.
