‘La justicia se respeta, pero los recursos de los colombianos se cuidan’: Presidente de la República, Abelardo De La Espriella
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, responde a la JEP
La JEP no está exenta de críticas. Durante años se le reclamó la ausencia de sentencias. Las primeras decisiones restaurativas llegaron tardíamente, en 2025, y considero que el volumen de sus resultados judiciales no corresponde con el tamaño de su aparato burocrático.
Solo en 2026, su nómina se estimó en 404.477 millones de pesos. El propio presidente de la JEP ha pasado, según cifras difundidas en el debate público, de recibir un salario aproximado de 32 millones de pesos mensuales en 2018 a más de 55 millones como presidente, con ingresos acumulados estimados en alrededor de 4.500 millones de pesos desde que es magistrado de esa jurisdicción.
Eso no convierte en intocable cada cifra adicional que se solicita. Respeto la independencia judicial y la libertad de los jueces para decidir, pero no acepto que se pretenda volver inmune la gestión administrativa frente al control, la eficiencia y la rendición de cuentas.
Antes de denunciar una “asfixia institucional”, exijo que la JEP explique cómo planea, cómo ejecuta, en qué prioriza sus recursos y por qué necesita más dinero cuando el país enfrenta una realidad fiscal estrecha.
Como presidente de Colombia, honro a las víctimas y respeto la independencia judicial. Pero cumplir el Acuerdo no significa que deba aprobar sin examen cualquier solicitud ni financiar sin medida una burocracia especial, en perjuicio de la Rama Judicial ordinaria, que es la encargada de combatir la impunidad que padece el conjunto de los colombianos y no solamente un sector.
Lo que sí tengo claro es que la Rama Judicial ordinaria necesita con urgencia mayores recursos para cumplir su misión. Allí están represados millones de procesos y miles de ciudadanos esperan durante años una decisión. Jueces, fiscales, magistrados y empleados judiciales trabajan, en muchos casos, con despachos congestionados, infraestructura insuficiente y graves limitaciones tecnológicas.
Por eso, mi prioridad será fortalecer la justicia que atiende diariamente a todos los colombianos: la que combate la impunidad, protege a las víctimas y resuelve los conflictos reales de la ciudadanía. No considero justo ni responsable seguir aumentando, sin un examen riguroso de sus resultados, el presupuesto de una jurisdicción especial, mientras la Rama Judicial ordinaria carece de los recursos indispensables para funcionar con eficacia y oportunidad.
Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar.
No tengo una política de venganza contra la JEP. Tengo el deber de ordenar el gasto, exigir resultados y destinar los recursos limitados del Estado a una justicia que sirva a todos, no a un tribunal que una parte del país percibe –por razones discutidas en el Congreso y en la opinión pública– como un régimen de beneficios y no como el cierre efectivo de la impunidad.
No permitiré que ninguna institución se sitúe por encima de esas reglas.
