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Antonio Costa, primer ministro de Portugal renuncia al verse involucrado en un caso de corrupción

El primer ministro de Portugal, António Costa, ha dimitido tras verse envuelto en un escándalo de corrupción. En la mañana de este martes la Fiscalía portuguesa anunciaba que ponía en marcha una investigación en su contra por posible prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno. Costa ha reconocido no haber cometido ningún delito, pero ha decidido poner fin a ocho años de un Gobierno que en enero de 2022 había conseguido una histórica mayoría absoluta; reafirmándole como uno de los grandes líderes de la izquierda europea.

“En estas circunstancias, obviamente, presento mi dimisión a su excelencia el presidente de la República”, ha dicho el socialista en una intervención televisada, en la que señaló que el cargo de primer ministro no es compatible con la “sospecha de la práctica de cualquier acto criminal”.

“Fui hoy sorprendido de que ya se ha instaurado contra mí una causa criminal, obviamente estoy totalmente disponible para colaborar con la Justicia en todo lo que entienda necesario para apurar toda la verdad sea de la materia que sea”, ha dicho Costa.

La Fiscalía ha llevado a cabo este martes el registro de “espacios utilizados por el jefe de Gabinete del primer ministro” y apuntó que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en el caso por “desbloquear procedimientos”.

La investigación, en la que se han registrado más de 40 lugares, se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines.

La Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra el jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de Sines y dos de sus administradores en la sociedad “Start Campus” y contra un abogado, que serán presentados ante la Justicia para ser interrogados. También fueron declarados “arguidos” (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente.

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