Causa molestia proyecto del gobierno nacional que establece sometimiento a la justicia a organizaciones criminales
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Una nueva polémica produjo el Gobierno al conocerse ayer algunos aspectos de un proyecto de ley que establece el marco para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, que beneficiaría a capos y cabecillas de estos grupos con bajas penas o incluso podrían obtener la libertad si han pagado algunos años en prisión, a cambio de desmantelar estas estructuras y cesar su actividad delincuencial. Expertos consultados coinciden en que esto no lleva a ningún avance en la llamada política de paz total y, por el contrario, genera impunidad.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció el pasado primero de julio la presentación el próximo 20 de julio, del estatuto que desarrollará integralmente la Política de Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Explicó que este instrumento contemplará dos pilares: un marco para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales y otro para facilitar la desmovilización de grupos insurgentes bajo criterios de justicia, verdad y reparación.
Montealegre fue enfático: “No habrá impunidad para ningún grupo. Este no será un proceso de perdón ciego, sino de equilibrio entre la paz y la justicia. Se buscará armonizar el derecho de las víctimas con el derecho colectivo a vivir en un país sin violencia”.
Se han conocido algunos aspectos principales de este proyecto en lo que tiene que ver con el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. Contemplaría que los cabecillas que hayan cumplido entre cinco y ocho años de prisión por delitos anteriores a la expedición de la pretendida ley podrían acceder a la libertad condicional.
En tanto que los cabecillas que no están en la cárcel y que se sometan a la pretendida ley, pagarían entre cinco y ocho años, con la posibilidad de que sean recluidos en colonias agrícolas, casas étnicas o centros de armonización, sin importar la gravedad del delito.
El proyecto establecería que las personas que se sometan no podrían ser extraditadas “para proteger los derechos de las víctimas”. También que, de la entrega de bienes por parte de las organizaciones delincuenciales, un 15% sería para el sostenimiento de proyectos colectivos de los exintegrantes de estas organizaciones; un 65% para la reparación de víctimas y el 20% para proyectos sociales del Estado.
La iniciativa podría beneficiar a cabecillas como alias ‘Chiquito Malo’, jefe del Clan del Golfo, y los ocho jefes de las organizaciones criminales que operan en el Valle de Aburrá, que el presidente Petro los subió a la tarima en un reciente acto público en La Alpujarra, en Medellín.
El exmagistrado de la Corte Suprema, Jaime Arrubla Paucar, dijo que “eso se esperaba porque el presidente en su Política de Paz Total y, al parecer, por compromisos desde su campaña, pues tiene la intención de llegar a acuerdos con los grupos delincuenciales, no solo de criterio político sino de delitos comunes, organizaciones criminales”.
El jurista advirtió que esta iniciativa crea una asimetría en el sistema penal porque grandes delincuentes, “sindicados y condenados por grandes delitos, van a salir libres y, en cambio, delincuentes menores van a pagar unas penas mucho más altas”.
Dijo que esto genera una desigualdad. “Pero crea otra peor porque los generales al parecer van a ser condenados por la JEP, y como no aceptaron les van a poner unas peras inmensas. Mientras los generales se van a ir para la cárcel, los delincuentes comunes se van a ir para la casa. Para mí es un proyecto bastante discutible desde el punto de vista de su conveniencia. No consulta ninguna política criminal, no ha sido sometido al estudio del Consejo de Política Criminal, no sabemos en qué estudios se fundamenta”.
Por su parte, Rafael Nieto Loaiza, exviceministro de Justicia, “todos los esfuerzos en materia de la Política de Paz Total de Petro han fracasado, no hay ni uno solo que muestre un avance real después de 3 años de gobierno”. Considera que esta nueva iniciativa también fracasaría porque “es equivocado pensar que la entrega de beneficios a los criminales trae aparejada la posibilidad de la paz”.
Añadió que el problema de fondo es que esas estructuras criminales están íntimamente vinculadas “con un negocio que sigue siendo sumamente rentable, y sobre el cual el Gobierno no solamente no hace acciones efectivas, sino que con sus decisiones terminan beneficiándolos, que es el del narcotráfico”.
Expresó que este proyecto generaría un estímulo perverso “para seguir en la actividad criminal y violenta, porque los líderes de esas organizaciones criminales saben que más temprano o más tarde el gobierno va a terminar entregándoles un conjunto de beneficios, que hace que al final no tengan que pagar por los delitos que cometen o que si los capturan los van a poner en libertad”.
Señaló Nieto que “uno se queda con la duda que aquí lo que hay es una aplicación del pacto de La Picota, es decir, que aquí lo que ocurre es que el gobierno de Petro una y otra vez ha terminado por pagarle a los delincuentes su contribución a las elecciones, que, según el hermano del mismo presidente en entrevista a los Informantes, fueron decisivos para el triunfo de Petro en las elecciones de 2022”.
Se preguntó también si lo que está haciendo ahora Petro “es pactando con las bandas criminales para obtener apoyos para las elecciones del 2026”. Subrayó que “el país tiene que llegar a la conclusión de que el camino de la paz es la justicia y no el romper el principio de igualdad frente a la ley” para darle beneficios jurídicos, políticos y económicos a los bandidos, que “a los ciudadanos de bien”.
El senador Carlos Motoa Solarte, integrante de la Comisión Primera a donde llegaría esta iniciativa gubernamental, manifestó el “desconcierto de ver el interés de un Gobierno que ya está en el ocaso, de generar privilegios, beneficios, a integrantes del narcotráfico y de las bandas criminales. Esa discusión ya se había dado en el 2022, cuando en la prórroga de la Ley de Orden Público el Gobierno incluyó acercamientos mediante un proceso de paz con organizaciones que han tenido un origen beligerante de delitos políticos, no de delitos comunes, y en ese momento pretendía equiparar los diálogos con las Farc y con el Eln, por ejemplo, igual que con cualquier organización de narcotraficantes o de bandas criminales”.
Agregó el parlamentario de Cambio Radical que, por supuesto “eso no tiene cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, tampoco cumple con los lineamientos en política criminal de reparación a las víctimas y, en mi criterio, violenta de manera grave las estructuras de una democracia y de una República. Por eso, nuevamente nos opondremos a esa iniciativa y ese proyecto”.
Sobre las voces que dicen que esta iniciativa respondería al llamado Pacto de La Picota, señaló Motoa que “todas esas dudas son razonables, pues por qué el interés ya terminando el Gobierno de presentar un instrumento de unos beneficios, unos descuentos en materia penal, unas amnistías, a criminales y narcotraficantes. Que sigan purgando su condena, no tiene por qué el Estado colombiano legalizarles un porcentaje de los bienes que han adquirido mediante esas acciones criminales”.
