Disidencias de las FARC-EP confirman secuestro de nueve funcionarios contratistas de la Gobernación del Cauca
Las disidencias autodenominadas FARC-EP, confirmaron la retención de nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca en el municipio de López de Micay, al suroeste del departamento. Según un comunicado divulgado por el Estado Mayor del Bloque Occidental, los capturados estarían entregando e instalando equipos con fines militares al Ejercito Nacional.
Entre los retenidos se encuentran Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana, quienes habrían sido interceptados a las 4:00 p.m. mientras ejecutaban el Contrato de Compraventa Nro. 1948-2025 DC-SGP-CD-RESERVA-2025, asociado al proyecto BPIN20250000002243, valorado en más de 4.100 millones de pesos.
La organización insurgente afirma que los equipos que estaban siendo instalados por los contratistas tienen como fin “inhibir señales y derribar drones”, lo que califican como una contribución directa a operaciones militares del Estado. Añaden que este proyecto, financiado por recursos del departamento, afecta la conectividad de las comunidades al provocar cortes de señal en telefonía móvil y wifi en los 42 municipios del Cauca.
En su declaración, las disidencias responsabilizan al gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, a quien acusan de “asumir una posición guerrerista” y de utilizar presupuesto público para apoyar al Ejército Nacional. “Ahora coloca a sus funcionarios como claros participantes de las hostilidades”, señala el texto.
Las FARC-EP indicaron que los ahora retenidos están siendo evaluados, junto con los equipos incautados, y que “serán tratados de la mejor manera y tendrán las mejores condiciones que les podamos brindar”. No obstante, advirtieron que las operaciones militares en la zona podrían poner en riesgo sus vidas.
Finalmente, hicieron un llamado a los alcaldes del departamento para que no involucren a sus funcionarios en lo que consideran tareas de guerra, e invitaron a las comunidades a reportar la presencia de personal ajeno en territorios donde opera esta estructura armada.
