“El gobierno de Petro dejó una situación fiscal critica al país”: Abelardo de la Espriella
En alocución presidencial, el presidente Abelardo De la Espriella ofreció un reporte acerca del estado de las arcas públicas del país, sosteniendo que al asumir el ejercicio del poder ejecutivo heredó “una situación fiscal crítica”. El jefe de Estado asignó la responsabilidad de la presente coyuntura económica al expresidente Gustavo Petro y al conjunto de funcionarios que integraron su equipo de gobierno.
De la Espriella señaló que la problemática financiera por la que atraviesa el Estado colombiano no obedece a un acontecimiento fortuito ni a la incidencia de variables o factores externos. El presidente sostuvo que el origen de la crisis responde a la gestión adelantada durante cuatro años por la administración del exmandatario, a la cual señaló por despilfarro, hechos de corrupción y la adopción de decisiones ilegales que ubicaron al territorio nacional en una posición crítica y al borde de la desestabilización económica.
El mandatario afirmó que ninguna de las crisis del pasado se equipara a la magnitud del desastre económico ocasionado por la administración de Gustavo Petro y sus colaboradores y añadió que el pueblo colombiano no debe ni puede pagar por las consecuencias de actos de irresponsabilidad fiscal con los que, según su denuncia, se afectó el erario y se saqueó el patrimonio público del país.
El jefe de Estado aseguró que la gestión previa comprometió 10 billones de pesos en una semana y consumió en los primeros siete meses del año cerca del 97 % del cupo de endeudamiento estipulado para 2026. Asimismo, De La Espriella indicó que la inversión pública registró su nivel más bajo desde 1975.
De acuerdo con los datos presentados por el Ejecutivo, el servicio de la deuda pública se duplicó en los últímos años, pasando de destinar un peso de cada seis recibidos por recaudación tributaria a casi un peso por cada tres. Para el año 2024, el recaudo fiscal registró un déficit de 71 billones de pesos frente a las proyecciones iniciales.
El proyecto denominado “Presupuesto de la verdad”, elaborado junto con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, fija un monto de 635 billones de pesos para el año 2027. Dentro de esta cifra, los ingresos corrientes aportan 300 billones de pesos, mientras que 281 billones de pesos (el 44 % del total) provienen de fuentes de crédito y endeudamiento.
El servicio de la deuda para 2027 alcanzará los 155 billones de pesos, lo que representa un incremento de 55 billones en comparación con 2026. En la distribución del presupuesto, 24 de cada 100 pesos se destinarán al pago de obligaciones financieras y 14 pesos a la inversión.
Autonomía universitaria
Respecto al manejo del orden público en las instituciones de educación superior, el Gobierno ratificó las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica dentro del marco constitucional. No obstante, se anunció la fijación de un protocolo nacional de actuación operativa para la Policía Nacional cuando se compruebe la preparación o ejecución de actos de violencia o vandalismo en los claustros.
La administración precisó que la autonomía universitaria ampara el fuero académico, pero no constituye un régimen de extraterritorialidad que impida el cumplimiento de las funciones legales de la fuerza pública.
Balance de orden público e independencia judicial
En el balance operacional correspondiente a los primeros 36 días de gestión, el Gobierno reportó 17.147 capturas y la neutralización de 24 cabecillas de organizaciones armadas ilegales. Las operaciones militares y policiales permitieron la incautación de 1.761 armas de fuego, más de 75 toneladas de estupefacientes, la erradicación de 1.506 hectáreas de cultivos ilícitos y la aprobación de 73 solicitudes de extradición.
En relación con el poder judicial, el Presidente manifestó que su Gobierno respeta la independencia de las altas cortes y jueces de la República, asegurando el acatamiento de los fallos. Sin embargo, enfatizó que el Ejecutivo mantendrá la defensa de las competencias constitucionales que le asignan la dirección de la fuerza pública y el mantenimiento del orden nacional, controvirtiendo por las vías legales vigentes aquellas medidas que puedan interferir en la conducción operacional del Estado.
De otro lado, el Gobierno ordenó la revisión de la situación de reclusión de las personas procesadas o condenadas por delitos contra la administración pública. La directiva establece el traslado a centros carcelarios de carácter ordinario de aquellos reclusos que permanezcan en estaciones de policía o guarniciones militares sin reunir las exigencias contempladas en la normatividad penitenciaria vigente, con el fin de estandarizar las condiciones de reclusión.
Acuerdos internacionales
La administración destacó la concertación de los denominados “Acuerdos de Barranquilla”, formulados tras la visita oficial del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. La hoja de ruta bilateral contempla la atracción de capitales privados en áreas clave de infraestructura y tecnología, así como la adopción del marco de cooperación de seguridad para el combate conjunto al crimen transnacional y al narcotráfico.
Finalmente, el Ejecutivo presentó un plan de desarrollo territorial para el departamento del Chocó por un monto superior a un billón de pesos, que abarca la construcción del malecón de Quibdó, intervenciones en seis corredores viales y la estructuración de una planta de procesamiento minero. Estos compromisos se articularon con la atención del desastre natural derivado del reciente sismo en la región. Con el respaldo de cooperación internacional por 26,5 millones de dólares brindados por Estados Unidos, el Gobierno reportó la entrega continuada de asistencia humanitaria, maquinaria pesada y subsidios de arrendamiento por $787.907 mensuales para las familias damnificadas.
